La Plataforma contra las Plantas de Asfalto del Valle de Aridane asegura en un comunicado que “las machacadoras de áridos del Callejón de La Gata son ilegales y siguen funcionando”. Señalan que “la noticia que apareció en distintos medios de comunicación la semana pasada que hacía referencia a un convenio de adhesión del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), ha sido la gota que ha colmado el vaso para todos los vecinos que viven en las proximidades del Callejón de La Gata”.
Desde hace una década aproximadamente, recuerda la plataforma, “se han presentado denuncias distintas instituciones para que intervengan en el asunto de las machacadoras de áridos, que han causado y siguen causando molestias y contaminación a todos los que vivimos allí”. Las denuncias cursadas hasta ahora al Ayuntamiento, Cabildo y Seprona, afirman, “no han servido para nada”.
En el mes de noviembre de 2013, señalan, “la directiva de la Plataforma contra las Plantas de Asfalto se reunió en Tenerife con el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Emiliano Coello, y en aquella ocasión no hubo compromiso alguno por su parte para resolver el problema, pese a que el director reconoció que la APMUN tiene constancia de las ilegales actividades extractivas desde el año 2002”. “Tras el lamentable resultado de dicha reunión, la Plataforma se vio obligada a presentar denuncias contundentes, que incluyeron una fotodocumentación de la continua ampliación de las canteras durante los últimos ocho años”, dicen. “Hasta la fecha, la Plataforma no ha recibido ninguna respuesta de la Agencia”, subrayan.
Con la sentencia de octubre de 2013 que dio lugar al cierre de la planta de asfalto de Ruiz Romero, indica la plataforma, “hubiese sido muy fácil para la APMUN proceder al precinto de las machacadoras de áridos, porque se trata de actividades mineras que han de someterse al RAMINP y a respetar los 2.000 metros al núcleo de población más cercano”. “Queremos dejar muy claro ante la opinión pública que nadie ha querido resolver un problema grave que afecta a la calidad de vida de cientos de vecinos, y que una vez más, serán los tribunales de justicia los que dictaminen y pongan fin a un atentado medioambiental tolerado y consentido por aquellos que tienen responsabilidades en este asunto”.