Un numeroso grupo de vecinos de Fuencaliente sigue luchando para evitar el derribo de sus casetas en el litoral del municipio. El Servicio Provincial de Costas de Tenerife ha remitido una orden de ejecución forzosa para la demolición de más medio centenar de casetas en los núcleos de El Faro (25) y Puntalarga (más de 30), que no fueron derribadas en 2005 al haber presentado un recurso de alzada que fue finalmente desestimado.
“En 2005 el Servicio Provincial de Costas de Tenerife resolvió recuperar el dominio público ocupado indebidamente ordenando la demolición de las construcciones y la reposición del terreno a su estado primitivo”, se recuerda a los vecinos en la comunicación que recibieron en días pasados. “Este Servicio Provincial consta que la construcción sigue perteneciéndole y que continúa en las mismas condiciones que en la fecha de la denuncia, por lo que procede a la ejecución subsidiaria, previo consentimiento del afectado para la entrada en domicilio, o, en su defecto la oportuna autorización judicial”, añade.
El Servicio Provincial de Costas solicita a los vecinos que manifiesten su consentimiento para la entrada en domicilio, advirtiéndole que si en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución no comunican su disponibilidad a “este Servicio Provincial, se entenderá que se opone a esta actuación y se solicitará la oportuna autorización judicial, en tal caso se cargarán a su costa los gastos que se origen por la demolición, retirada de los restos y reposición del terreno a su estado primitivo”. La carta finaliza recordando que “contra esta resolución no cabe recurso alguno, por tratarse de una ejecución forzosa y subsidiaria de un acto administrativa anterior firme”.
A pesar de las escasas posibilidades que existen de paralizar las demoliciones, los vecinos han decidido presentar alegaciones. Nieves María Rodríguez, la primera alcaldesa que ha tenido Fuencaliente y vecina afectada por la decisión de Costas, ha señalado a este periódico, que “nos han comunicado un derribo inminente, pero vamos a intentar por todos los medios luchar, tenemos de nuevo al abogado que nos representó en 2006 y nos llevó el expediente para hacer todo lo posible”. “Él nos dice que como la notificación es individual, por cada asentamiento, hay que hacer alegaciones también individualmente”, añade. “El letrado nos comenta que la situación jurídica es muy complicada porque se trata de una resolución definitiva, del Tribunal Supremo, pero igual que luchamos en 2005 vamos a luchar ahora”, asegura.
Asimismo, explica Nieves María Rodríguez, “hemos planteado una reunión con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y en la tarde de este martes se celebrará un pleno en el Ayuntamiento de Fuencaliente para que todas las fuerzas políticas defiendan los asentamientos del litoral”. “Queremos que se respeten los asentamientos anteriores a la Ley de Costas y la cultura y las raíces de Fuencaliente”, concluye.