El Cabildo de La Palma, a través del Área de Acción Social que dirige Ángeles Fernández, amplía a los 14 municipios de la Isla las ayudas destinadas a la promoción de la autonomía personal de personas dependientes, con discapacidad y con diversidad funcional, indica en una nota de prensa.
Ángeles Fernández incide en “la importancia que tiene para el equipo de Gobierno insular continuar dando apoyo a las personas con más necesidades en la Isla, un compromiso que se refleja a través de acciones como esta, destinadas, entre otras, a la adquisición de ayudas técnicas y de rehabilitación de viviendas para la mejora de su accesibilidad y la adaptación de las instalaciones interiores de la vivienda habitual de personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia”.
La responsable insular de Acción Social explica que se destina una partida de 200.000 euros a este fin, “una subvención de concurrencia competitiva que busca atender a las necesidades de las ayudas técnicas, accesibilidad y de adaptación de la vivienda habitual de personas con discapacidad y personas en situación de dependencia”.
Las bases de la convocatoria aprobadas en Consejo de Gobierno, se apunta en la nota, “entienden por ayudas técnicas, aquellos productos, instrumentos, equipos o sistemas técnicos utilizados por una persona, los cuales previenen, compensan, mitigan o neutralizan una discapacidad y/o dependencia”.
En este sentido, Ángeles Fernández defiende que a través de este programa de ayudas se podrá contribuir a financiar la adquisición de ayudas técnicas y de apoyo así como financiar obras de adaptación de vivienda habitual y en su caso asistencias técnicas para mejorar la seguridad y la adecuación funcional de las viviendas habituales a las necesidades especiales de las personas mayores, personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes.
Personas beneficiarias de las ayudas
Las bases de la convocatoria de esta subvención, se añade en la nota, contempla que podrán beneficiarse de estas ayudas las subvenciones las personas físicas residentes en la isla de La Palma que tengan reconocido el grado de dependencia y/o la condición legal de persona con discapacidad o diversidad funcional, y sean propietarias y/o usufructuarias de las viviendas o arrendatarios/as autorizados/as en su caso.