Coalición Canaria en el Cabildo ha pedido al grupo de Gobierno que “se articule una ayuda para las familias de los jóvenes que estudian fuera de la Isla que permita sufragar, al menos en parte, los costes de los alojamientos de estudiantes durante el confinamiento”. Así lo plantea en una moción que será debatida este viernes, 12 de junio, en el pleno.
“Son muchos los jóvenes de nuestra isla que, para realizar sus estudios universitarios, de postgrado o de ciclos superiores viven en pisos de alquiler o en residencias y colegios mayores. Una de las consecuencias de la declaración del estado de alarma y el cierre de las universidades y centros de enseñanza fue que gran parte del alumnado de nuestra isla volvió de forma precipitada a sus domicilios, pero han tenido, en muchos casos, que seguir pagando el total de los gastos de la renta de alojamientos no disfrutados al no poder rescindir los contratos. Esto ha supuesto una carga más en esta situación de muchas familias afectadas por ERTE o por el cese de actividad de sus negocios”, apuntan.
“Por ello, pedimos al grupo de Gobierno del Cabildo que, dentro de las acciones sociales y económicas a adoptar con el fin de aliviar la situación económica de la ciudadanía, apruebe una ayuda excepcional y extraordinaria para los estudiantes palmeros que realicen estudios universitarios o de ciclos superiores que no se impartan en la isla y que hayan tenido que asumir el pago del alquiler de una vivienda que no han disfrutado durante el estado de alarma del COVID-19”, indican.
Tal y como plantea Coalición Canaria en su moción, “deberían acceder a estas ayudas las personas o familias cuya situación se ha visto afectada por la declaración del estado de alarma y se han encontrado incluidos en un ERTE o afectadas por despido y las familias con trabajadores autónomos o titulares de empresas que hayan visto reducirse sus ingresos o que se hayan visto forzadas a cerrar su establecimiento o negocio a raíz de la crisis de la COVID-19”, dicen.
La ayuda propuesta por el grupo Nacionalista es el pago de, al menos, el 50 por ciento de la cuota del alquiler por cada mes que haya durado el estado de alarma, esto es, cuatro meses.