La diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Alicia Vanoostende, ha acusado al Gobierno de Canarias de CC, PP y AHI de “enfrentar los mismos problemas” de los que acusaba al anterior ejecutivo regional, del que formaba parte como consejera de Agricultura.
Todo ello a cuenta de que el Ministerio de Política Territorial, encabezado por el expresidente canario Ángel Víctor Torres, ha publicado sendos procedimientos de inconstitucionalidad en los que pone el foco en varios artículos y disposiciones adicionales de los decretos de medidas urgentes en materia de vivienda y los de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica de 2021.
“La inconstitucionalidad de los decretos se vuelve en contra del Gobierno de Canarias”, ha declarado Vanoostende, quien ha destacado la ironía de la situación al señalar: “Es curioso cómo usaron este argumento para cambiar los borradores de decretos y ahora resulta que son sus textos los que incumplen algunos aspectos de la Constitución Española”.
Vanoostende ha criticado que el actual Gobierno de Canarias utilizara el argumento de la inconstitucionalidad para justificar cambios y retrasos.
“Siempre dijimos desde la oposición que se hablaba de ello para hacer cambios de forma unilateral sin contar con los afectados y para justificar el retraso de más de seis meses en su aprobación”, ha subrayado.
La diputada socialista ha enfatizado que la situación actual obliga al Gobierno de Canarias a iniciar un procedimiento de mediación con el Gobierno de España para solucionar las discrepancias, y que de no llegarse a un acuerdo, el caso podría ser elevado al Tribunal Constitucional.
Vanoostende ha lamentado “la pérdida de tiempo en este proceso (...) prácticamente un año. Estamos casi en julio, y si se hubieran aprobado los borradores de decretos que dejamos listos, no estaríamos en esta situación”.
Además, ha reiterado que ninguna de las enmiendas a los decretos de reconstrucción de La Palma presentadas por los grupos de la oposición, “que podrían haber mejorado el texto”, fueron aceptadas.
El riesgo de una posible paralización de la transferencia de fondos estatales añade gravedad a la situación, según la anterior Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, que ha expresado su esperanza de que esto “no llegue a suceder, porque entonces no se dan soluciones desde el punto de vista legal ni económico a los afectados”.