El Diputado del Común, Rafael Yanes, entregó el Informe Anual de 2019 al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Un documento que evalúa y refleja la actividad de la institución durante el pasado año, en el que se tramitaron un total de 4.037 expedientes, creciendo la actividad, por segundo año consecutivo, y registrándose un total de 2.612 quejas nuevas.
Yanes ha subrayado que, según los datos aportados, el grado de conocimiento de la institución es lo que determina su uso por parte de la ciudadanía, siendo La Palma, donde radica la sede oficial de la Diputación del Común, la isla que hace un mayor uso de esta, para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y aportando, así, un mayor número de quejas en relación a su población.
Dependencia sigue siendo un año más el área de gestión que registra un mayor número de quejas, volviendo a subir en el ejercicio 2019 un 26,5%, y Discapacidad un 71%. Ambos sectores vuelven a mostrar la tardanza de la Administración Pública en la resolución de peticiones ciudadanas en este ámbito, mostrando una vez más los peores datos de toda España.
Por su parte, Servicios Sociales también registra un importante crecimiento en las reclamaciones de un 80%, así como la nueva Área de Tecnologías de la Información, con un 117%, y que aparece como “el nuevo derecho que la Diputación del Común debe defender en todo el Archipiélago”.
De igual forma cabe destacar la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, que se posiciona como la única que existe en exclusiva para esta materia en las Defensorías del Pueblo de España, y que desde hace 18 meses, momento en el comenzó su andadura, ha visto incrementada su actividad en un 1.050%.
Yanes afirma que “cada vez son más los ciudadanos que vienen a nuestras oficinas para intentar solucionar sus problemas con las administraciones y, por segundo año consecutivo, esta presencia crece en más de un 20%”. Asimismo, “ha sido un año intenso de trabajo en el que hemos hecho un esfuerzo importante por acercar nuestra Institución a la ciudadanía para aproximarnos a sus problemas y llevar a cabo la misión encomendada por el Parlamento de Canarias: la defensa de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables”.