El Cabildo de La Palma estudia con sus Servicios Jurídicos personarse como acusación particular en el caso que perjudica a 12 familias afectadas por la erupción volcánica, supuestamente estafadas por una constructora a la que adelantaron importantes cantidades de dinero para poder realizar sus nuevas viviendas“, informa la institución.
La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, recalcó que el Cabildo de La Palma “está al lado de estas familias, en un proceso de apoyo, tanto social, habitacional como económico, además de apoyándolos en el proceso judicial que se ha iniciado”.
Así, en la celebración del Pleno Ordinario de este viernes se apoyó “el iniciar ese apoyo en el proceso judicial a esas familias, además de seguir dando amparo en la situación de que algunas de las familias estuvieran asumiendo el pago de alquiler, implementar por parte del Cabildo una ayuda complementaria para el pago del mismo”.
Ángeles Fernández recordó que “son 12 familias las supuestamente estafadas por una constructora. Algunas de esas familias abonaron un 25% del total de la obra, lo que supone en torno a unos 25.000 euros, aunque en el peor de los casos, algunas abonaron un porcentaje mayor llegando a abonar más de 70.000 euros”, asegura.
“Estas cuantías fueron abonadas en la mayoría de los casos gracias a las ayudas recibidas por las administraciones, y esta situación ha afectado gravemente, una vez más, a estas familias”, indicó Fernández.
Ángeles Fernández lamentó que estas familias “han tenido que lidiar con muchos despropósitos e incumplimientos por parte de la empresa que promete, pero no cumple”, lo que las llevó a judicializar este asunto.
Por ello, Ángeles Fernández recalcó que el grupo de gobierno “es consciente de que nuestro deber y nuestro compromiso es estar al lado de las familias que peor lo están pasando en estos momentos, estar acompañando y protegiendo a los más indefensos”.