Canarias recibió 8.621 peticiones de asilo en 2023. Según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Más que cifras, el Archipiélago fue el año pasado la tercera comunidad autónoma que registró más solicitudes de protección, solo después de Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775). Las islas son hasta el momento uno de los principales puntos de entrada de personas migrantes a España. Solo en 2023, sobrevivieron a la ruta del Atlántico 39.910 personas.
Tal y como ha publicado CEAR este jueves, la ONG cuenta con 430 plazas de acogida en Canarias para atender a solicitantes de protección internacional, un 1,5% más que el año anterior. Los recursos de la provincia de Las Palmas tienen capacidad para acoger a un total de 259 personas y los de Santa Cruz de Tenerife, a 171.
Según los datos del Ministerio del Interior recogidos por CEAR, 163.220 personas solicitaron asilo en España el año pasado, la cifra más alta desde 2010. También en 2023 se emitieron 11.163 resoluciones favorables de protección internacional; 41.487 resoluciones favorables de protección por razones humanitarias y 35.392 resoluciones desfavorables.
El informe revela también que un 47% de los solicitantes de asilo son mujeres (77.216) y un 53%, hombres (86.004). Además, la mayoría de los solicitantes tienen entre 18 y 34 años.
En cuanto a los países de origen, la mayor parte de las personas que piden asilo en España proceden de Venezuela (60.534). Le siguen Colombia (53.564) y Perú (14.308). Por su parte, las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento de la protección son Ucrania, Mali y Burkina Faso.
Una sentencia pionera
En 2023, el caso de un joven gambiano que viajó a Canarias puso en cuestión las garantías de las entrevistas de asilo que se realizan en las Islas. El joven de 22 años pidió asilo en Santa Cruz de Tenerife, pero el Ministerio del Interior denegó su solicitud porque las razones alegadas ''no coincidían'' con los motivos para pedir protección internacional que recoge la ley.
El gambiano presentó un recurso que fue estimado por la Audiencia Nacional. La sentencia emitida por la Audiencia concluye que la forma en la que se le hizo la entrevista al migrante gambiano le empujó a la ''indefensión'' al realizarse la traducción por teléfono y sin asistencia letrada.
La sentencia señaló que “la falta de firma de la transcripción de la entrevista por parte del intérprete conlleva la omisión de la garantía de fidelidad en la transcripción” e impide afirmar que se hayan cubierto las garantías que marca la ley.
La Audiencia Nacional ordenó al Ministerio del Interior que se realice una nueva entrevista de formalización “con las debidas garantías” y con respeto a los derechos vulnerados.