El Cabildo de Lanzarote ha logrado deshacerse del centro de menores migrantes instalado en La Santa. El cierre de este recurso ha sido uno de los propósitos de la corporación desde que se habilitó el albergue en 2018 para acoger hasta 150 personas. El gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular ha desmantelado el dispositivo mientras el Estado pacta con el Gobierno canario una reforma legislativa que favorezca la distribución de menores entre comunidades y descongestione la red de acogida de la comunidad autónoma. El discurso de los líderes políticos de la isla tras el cierre ha intentado relacionar la inmigración con la delincuencia, aunque la clausura se ha producido tres días después de que la Guardia Civil hiciera pública su investigación contra cinco trabajadores del centro por coaccionar y amenazar a los jóvenes.
Los menores acogidos hasta ahora en La Santa han sido reubicados en otros recursos dependientes de la comunidad autónoma, según han informado a esta redacción fuentes de la Consejería de Bienestar Social. El Cabildo de Lanzarote ha atendido así a las incesantes peticiones del alcalde de Tinajo, Jesús Machín (CC). “Ya se cerró el albergue para los menores inmigrantes. Los vecinos de La Santa ya pueden dormir tranquilos. Este es el albergue más grande de Canarias y tiene que ser para la juventud, para la cultura, para el deporte y para lo que haga falta”, ha subrayado Machín en un comunicado oficial.
El dirigente de CC ha hecho mención a los conflictos protagonizados por menores migrantes en el pueblo y ha dicho que La Santa “merece un monumento por su hospitalidad y solidaridad”. Según el alcalde, las instalaciones no reunían ''en los últimos tiempos'' las condiciones “mínimas para un ser humano”. Sin embargo, será ahora, cuando ha dejado de acoger a personas migrantes, cuando el Cabildo inicie algunas obras para ''dejar el albergue como nuevo'' e incluir zonas de sombra o accesibilidad. Ha sido este mismo miércoles cuando el Cabildo ha comenzado un ''plan de reforma integral''. Los trabajos han comenzado con una limpieza del espacio.
La secretaria insular de CC Lanzarote, Migdalia Machín, también se ha mostrado satisfecha por la clausura del centro de acogida y ha celebrado que “la juventud de la isla pueda recuperar su uso”. La secretaria insular ha dicho que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Tinajo “sí están dando respuestas” a la gestión migratoria mientras siguen esperando “a que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma sus competencias”. El Estado no tiene competencias en materia de menores migrantes, cuya tutela corresponde a la comunidad autónoma. En cuanto a los adultos, el Ministerio de Migraciones sigue derivando a los supervivientes a otros recursos repartidos por la Península.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha justificado que el propósito es “trabajar en un modelo de atención y acogida más cercano y profesionalizado para los menores migrantes”, con centros más pequeños y familiares. También ha celebrado que se devuelva el espacio “a su finalidad original”: “un espacio de ocio y convivencia de jóvenes de Lanzarote y La Graciosa” con reformas integrales en las instalaciones.
La investigación de la Guardia Civil
El pasado 18 de abril salió a la luz una investigación de la Guardia Civil contra cinco trabajadores del centro por coacciones y amenazas a los menores. Uno de los jóvenes acogidos en el recurso presentó una denuncia en las dependencias de San Bartolomé y aseguró que estaba siendo coaccionado por al menos cuatro auxiliares educativos. Según informó la Benemérita, los trabajadores obligaban a los usuarios a cometer actos vandálicos y a desobedecer las normas del centro con el objetivo de desestabilizar la organización del dispositivo y sabotear la labor de la nueva dirección.
Hasta hace poco tiempo era la Fundación Respuesta Social Siglo XXI la responsable de la gestión del albergue. El Cabildo la sustituyó por la Fundación para el Estudio y Promoción de la Acción Social (FEPAS) después del escándalo que envolvió a la primera ONG. La Fiscalía Anticorrupción detectó indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil por parte de cinco responsables de la entidad. El dinero público destinado a la atención de los menores acabó en tratamientos de belleza y viagra, entre otros gastos.
La investigación de la Guardia Civil reveló que el nuevo equipo directivo impulsó una serie de cambios que limitaban conductas que se permitían a los trabajadores en el mandato anterior. Entre ellas, las relacionadas con prácticas abusivas hacia los menores, el uso de los recursos del centro sin control ni supervisión así como la delegación de competencias a los empleados por encima de su capacitación profesional. Los investigados son cuatro auxiliares educativos y el director del centro por haberse cometido “este tipo de abusos sobre los menores durante su dirección”, por ser conocedor de los hechos y no haberlos puesto en conocimiento de las autoridades.
Algunos de los episodios que tuvieron lugar en los últimos meses como la quema de colchones en el albergue fueron promovidos por los propios trabajadores. Así como también los daños en el mobiliario del centro, en los coches particulares de otros trabajadores, los robos en las oficinas, hurtos y amenazas. Si los menores no accedían a estas coacciones, los investigados amenazaban con limitar de forma arbitraria sus salidas, sus actividades de ocio, el cobro de la paga semanal. Además, les hacían creer que los trabajadores podían retrasar la tramitación de su documentación para obtener la residencia legal en el país. Al menos cinco menores sufrieron estas amenazas y coacciones dentro del recurso.