La amenaza de las violaciones y la explotación sexual acecha a todas las mujeres que cruzan fronteras para llegar a Europa. Una vez en el continente, su protección no está garantizada por completo. Así lo ha advertido el Defensor del Pueblo en una resolución emitida en abril de 2022. Después de realizar visitas sin previo aviso en cinco centros de acogida de personas vulnerables de Canarias, una de las fronteras europeas más activas y más mortales en la actualidad, este órgano concluye que existen importantes dificultades para identificar con celeridad a posibles víctimas de trata.
Ninguna de las mujeres entrevistadas había sido identificada como tal. Aunque las condiciones de los centros son “dispares”, tanto por la capacitación del personal como por las infraestructuras, el Defensor del Pueblo ha concluido que los recursos de acogida tampoco cuentan con estrategias de intervención social que protejan a las mujeres de caer en redes de prostitución forzada y de explotación laboral.
El órgano insiste en que tanto las mujeres como los menores llegan a España en una situación de vulnerabilidad dada por el trayecto que realizan antes de llegar al Archipiélago, donde están en riesgo de sufrir agresiones sexuales, como por la irregularidad documental en el país de destino. “Les ponen en grave riesgo de que su única salida de superviviencia en Europa sea a través de contextos irregulares”, indica el documento. Todos estos obstáculos se ven agravados por la falta de intérpretes, un déficit que lastra especialmente a las solicitudes de protección internacional.
En estos recursos instalados en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, los técnicos del Defensor del Pueblo constataron “una presencia muy significativa” de mujeres jóvenes, embarazadas o acompañadas de bebés. En la crisis de acogida de 2020, estos perfiles supusieron el 5% de las llegadas. En 2021, el 14% de los supervivientes eran mujeres.
El documento resalta el caso de Costa de Marfil. Del total de personas de este país que arribaron a las Islas, un 41% eran mujeres. En el caso de Guinea Conakry el porcentaje cae a un 30% y en el de Camerún, de un 24%. También el año pasado creció el número de menores que realizaron la travesía con familiares adultos. Según los datos ofrecidos por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras recogidos en la resolución del Defensor del Pueblo, en 2021 llegaron unos 1.000 niños acompañados.
Sin enfoque de infancia
El Defensor del Pueblo advierte también de una falta de enfoque de infancia en el sistema de acogida humanitaria. Después de realizar las visitas, los técnicos de este órgano identificaron un “significativo” número de niños que no contaban con un registro de nacimiento y tampoco se habían iniciado los trámites correspondientes para ser inscritos en el Registro Civil de España.
Otra de las carencias de los recursos es la demora en la escolarización obligatoria de los menores, así como la falta de una atención psicológica especializada. Las personas migrantes que llegan en patera a Canarias requieren una asistencia profesional específica que “permita atajar” las posibles secuelas que se deriven de la travesía, en las que “han presenciado situaciones de violencia y, en numerosas ocasiones, han presenciado fallecimientos de otros integrantes de la embarcación”.
Los menores que llegan acompañados a las Islas son sometidos a pruebas de ADN para verificar el parentesco que mantienen con el adulto. El Defensor del Pueblo alerta de que cuando estos test resuelven que no hay una relación familiar, “no se garantiza el derecho del menor a ser escuchado”. Tampoco existe un procedimiento por el que se tenga en cuenta el interés superior del niño ni su decisión sobre si quiere separarse del adulto o no.
Las redes de las fronteras
La crisis de refugiados que ha generado la guerra en Ucrania ha vuelto a poner el foco en un peligro que sufren las mujeres en las fronteras: caer en redes de trata. En cuanto a los métodos de captación, apenas hay diferencias entre las técnicas utilizadas por los traficantes en los límites ucranianos y en los africanos. Tal y como explicó a este periódico la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, el principal método es el engaño, que se convierte en coacción, intimidación y violencia.
En todos los casos se producen violaciones y se retiran los documentos. En el caso de las mujeres africanas, es frecuente utilizar también el vudú. “Se está hablando ahora de la trata de mujeres en las fronteras cuando aparecen mujeres de otros conflictos, pero no se ha hablado con las mujeres que entran por la ruta canaria. Es una forma de discriminación que crea refugiados de primera y de segunda”, insistió la defensora de derechos humanos Helena Maleno a esta redacción.
En el caso de las mujeres que atraviesan el Atlántico, la denuncia en el lugar de destino es uno de los puntos críticos, puesto que se enfrentan al miedo a la deportación al estar en situación administrativa irregular. “Hay mujeres que han sido expulsadas a su país de origen y han caído otra vez en redes de trata”, recordó Maleno.