Los desplazados climáticos, envueltos en un vacío legal ante la próxima emigración masiva por un fenómeno irreversible

Los desplazamientos por razones climáticas son ya una realidad. Las poblaciones que vivían en espacios amenazados por el calentamiento global ya han abandonado sus asentamientos y, en la mayoría de los casos, se han reubicado en los suburbios de las ciudades de su propio país. En otros casos, han emigrado al extrarradio de las capitales más cercanas. Sin embargo, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dentro de nueve años las migraciones climáticas comenzarán a ser de larga distancia. “El calor hará muy difícil la vida en muchas megaciudades tropicales”, asevera el documento. El Banco Mundial adelanta que en 2030 los impactos del cambio climático empujarán a la pobreza a unos 100 millones de personas. Para 2050, hasta 143 millones podrían convertirse en migrantes por esta razón en África subsahariana, Asia meridional y América Latina. “Los impactos migratorios de los últimos meses en Canarias podrían ser solo la punta del iceberg”, augura el ambientalista Ezequiel Navío. Mientras tanto, en Europa no existe un estatuto de protección para las personas que escapan de este fenómeno irreversible. 

Acnur considera que utilizar el concepto de refugiados climáticos puede generar confusión, ya que la definición acordada en la convención de Ginebra solo reconoce el asilo cuando existe un riesgo por razones de religión, raza, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Naciones Unidas especifica que en ocasiones  puntuales puede otorgarse el estatus de refugiado, por ejemplo en los casos en los que las personas huyan de una hambruna provocada por la sequía. Por su parte, CEAR insiste en la importancia de encontrar una forma en la que los Estados ofrezcan protección a este colectivo, ya que son “víctimas políticas de sus modelos productivos” que dependen de las medidas de adaptación al cambio climático que aplican los diferentes gobiernos. “Llamarlos solo migrantes no obliga a los países a acogerlos”, apunta el último informe de la ONG.

El cambio climático no es solo un motivo de emigración en sí mismo, sino que, según el Banco Mundial, es un “factor multiplicador de las amenazas”. Así, el impacto de este fenómeno agrava situaciones ya frágiles, contribuye a una mayor tensión social y, en consecuencia, puede derivar en conflictos violentos. En algunas regiones del Sahel y del Cuerno de África se han materializado ya estas relaciones de causa y efecto. Malí, un país sumido en un conflicto armado que ha provocado el desplazamiento a Canarias de miles de persona en cayucos y pateras en los últimos años, sufrió en 2012 una sequía severa. Degradó los humedales y aniquiló buena parte de los ganados. Los medios de vida de los pastores quedaron arruinados, una situación de precariedad que incentivó la rebelión de estos grupos. 

También en los últimos años ha desaparecido, según el informe de CEAR, un 95% de la superficie del lago Chad, provocando al mismo tiempo una guerra en el noreste de Nigeria. “Muchas familias lo perdieron todo, y muchos jóvenes optaron por alistarse en las milicias de Boko Haram”. La ONG insiste en que el cambio climático no es la única causa de estos conflictos, pero sí los agrava. Así, según Ezequiel Navío, estos ejemplos permiten discernir por qué Canarias ha sido objeto de destino de cientos de miles de personas en estos últimos meses. 

La inestabilidad se ha reproducido también en el Cuerno de África. En Somalia, el déficit de agua provocó una alta tasa de mortalidad del ganado, y los rebaños disminuyeron un 60%. También en Darfur, región occidental de Sudán, se desató en 2003 una guerra civil. Los pastores emprendieron una lucha genocida contra los agricultores, que acabó con la acusación del entonces gobernador, Omar al Bashir, por crímenes contra la humanidad. Este conflicto entre ambos colectivos se reprodujo también en Etiopía.

Adaptar el territorio para sobrevivir 

Ezequiel Navío explica que Senegal y Gambia, que también han sido el punto de partida de cientos de migrantes que han alcanzado el Archipiélago en el último año, han tomado medidas para adaptar sus territorios ante la crisis climática. Ambos países cuentan con ministerios que tratan la materia. Además, en algunos casos participan en proyectos internacionales de adaptación liderados por organismos canarios. Estas iniciativas se fundamentan en la cooperación y el intercambio de experiencias y resultados. También se unifican e implementan tecnologías de meteorología y oceanografía vinculadas a la investigación climática.

La adaptación a los impactos climáticos en toda la región del Sahel es “de vital importancia para la protección de los recursos de la población local”, resalta Navío. En estos territorios, las sequías más severas han pasado de producirse cada diez años a aparecer cada tres. También son más intensas y más prolongadas, al igual que las lluvias, que se han vuelto torrenciales y rompen el suelo en lugar de regarlo. CEAR apunta en su último recopilatorio que las tierras de cultivo son cada vez menores porque los gobiernos han cedido amplias extensiones de terreno a multinacionales agrícolas. 

Algunos episodios han evidenciado que Europa no facilita esta lucha, sino que la dificulta. El estudio “Dirty Diesel, cómo los comerciantes suizos contaminan África con fuel tóxico”, realizado por la ONG Public Eye, demostró cómo cuatro empresas europeas son cómplices de la contaminación del aire de África provocada por las emisiones tóxicas de los vehículos, “la asesina silenciosa de África”. Una de estas compañías es Orxy Energies, que almacena y distribuye productos petrolíferos y opera en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria. Utilizando Canarias como punto de paso, la empresa del millonario Jean Claude Gandur envía a 22 países africanos una mezcla de fuel con altas cantidades de sustancias baratas que en Europa no podría comercializarse por su toxicidad. El análisis de Public Eye concluyó que la toma de responsabilidad por parte de las empresas y de los gobiernos africanos para reducir la contaminación podría evitar 25.000 muertes prematuras hasta 2030.