La Fiscalía Superior de Canarias ha emitido este martes un comunicado en el que desmiente las declaraciones del Gobierno canario y niega que hubiese un requerimiento para que la ONG que se encuentra en El Hierro acogiera a unos menores llegados a la misma el día 29 de agosto del 2024. El Ministerio Público ha asegurado que “solamente se solicitó información de las concretas medidas que se estaban adoptando por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias”
Según el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello (Coalición Canaria), la ONG recibió “presiones” por parte de Policía y Fiscalía de Menores para que se hiciesen cargo de los niños y adolescentes que arribaron a la isla, si bien, según ha recordado el portavoz, El Hierro cuenta con 150 plazas y ya acoge a 285 menores.
Preguntado en la posterior rueda de prensa al Consejo de Gobierno, por qué tipo de presiones se habían recibido, Cabello ha dicho que la Policía Nacional y la Fiscalía requirió a la ONG que emplazaran a los menores en infraestructuras ya colmatadas a sabiendas de la situación real de los centros, que “no pueden más”.
Este hecho ha provocado un cambio de postura en el Ejecutivo regional, que anunció que defenderá a partir de ahora que los menores migrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.
Cabe recordar que la atención a los menores migrantes es competencia autonómica y que el propio Gobierno canario lleva meses anunciando que las llegadas se acentuarían tras el verano, cuando las condiciones meteorológicas mejoran. Pero pese a ello, no ha previsto ni preparado más infraestructuras de acogida, más allá de instalar carpas en los muelles para derivar allí a estos niños y adolescentes que llegan a las Islas solos, sin ningún familiar. Esta medida, la de instalar carpas, ya fue rechazada en julio por la Fiscalía de Extranjería.
El Ministerio Público aclara que “solicitó información” tras haber sido informado, por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, de que había llegado a El Hierro una patera con 15 menores no acompañados y que la ONG responsable de la isla les manifestó que no era posible su acogida, comunicando la Policía a la Fiscalía de que se habían puesto en contacto con la Dirección General de Protección de la Infancia quien les comunico su falta de capacidad para asumir la acogida de dichos menores.
Reitera que “única y exclusivamente se ha solicitado información”, sin que se haya producido ningún requerimiento ni a la ONG ni a la Dirección General, a pesar de ser también informada de la “imposibilidad” de que dichos menores fueran trasladados al CATE de San Andrés por estar totalmente desbordado y no poder garantizarse su acogimiento separados de los migrantes adultos.