El Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha recibido este 16 de febrero el informe de la prueba de edad realizada este jueves, 15 de febrero, a petición de la autoridad judicial por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas (IML), a los dos presuntos patrones de patera que alegaron ser menores de edad cuando ya estaban en prisión provisional, concluyendo que uno de ellos sí es menor de edad. Por ello, el juez ha decretado la puesta en libertad de este adolescente, que ha salido de la cárcel.
Los dos inmigrantes se encontraban en prisión provisional en el Centro Penitenciario Las Palmas II como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros desde el 21 de diciembre de 2023.
El informe, según informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), confirma que uno de ellos es mayor de edad, mientras que el otro no.
Por ello, el primero continúa “en la misma situación en la estaba hasta hoy, en prisión provisional”, mientras que el segundo, menor de edad, se ha procedido a dictar auto acordando su “inmediata” puesta en libertad, la inhibición en el caso a la jurisdicción de Menores y la comunicación de esta circunstancia al Gobierno de Canarias.
En concreto el auto que acuerda la libertad del menor, recoge que habiendo recibido el informe del IML de Las Palmas en el que se concluye que el investigado es menor de edad se procede a “acordar su inmediata puesta en libertad” desde este 16 de febrero.
Esta resolución se notificará a la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias “para que se haga cargo del investigado como tutora legal” del mismo, al tiempo que se pondrá al menor a disposición de Fiscalía de Menores, tras la correspondiente inhibición, para que prosiga con la instrucción de la causa.
Desde la oficina de comunicación del TSJC se ha enfatizado que los dos migrantes “no dijeron que eran menores ni cuando fueron detenidos en sede policial ni cuando pasaron a disposición judicial” y que uno de ellos dijo ser menor “sorpresivamente estando ya en prisión”, mientras que el otro lo expuso días más tarde.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha pedido este viernes un protocolo único en toda España para determinar la edad de los menores que entran por vía marítima para que no se repita lo sucedido con el caso de estos dos jóvenes senegaleses.
Tras reunirse con representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Delgado ha asegurado que han conocido el caso a través de la prensa y que está a la espera de que la Fiscalía comunique cuándo se hará efectivo el traspaso de la tutela del menor, y conocer si irá a un centro de régimen abierto o cerrado en función de las medidas cautelares que aplique el Juzgado.
Responsabilidades
Se da la circunstancia de que la Fiscalía de Extranjería reconoció hace tres semanas en un informe oficial que le parecía menor de edad uno de dos jóvenes senegaleses encarcelados en Gran Canaria. “Ciertamente, tiene apariencia de menor de edad”, escribió la fiscal Teseida Rodríguez el 26 de enero a propósito de la foto del muchacho que le remitía el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Gran Canaria, que había abierto un expediente urgente para determinar si el sistema tiene en la cárcel a dos menores.
En ese informe, la Fiscalía pedía al Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Bartolomé de Tirajana, el responsable del caso de la patera en cuestión, que ordenara “a la mayor brevedad posible” que se hicieran las pruebas óseas de determinación de edad de los dos chicos y que ambos los examinase un forense con ayuda de un intérprete. Sin embargo, pasaron otros 20 días sin que ocurriera nada, hasta que el caso llegó a los medios y en apenas 48 horas ya se han realizado las pruebas y dejado en libertad a uno de los jóvenes.
Delgado ha dicho que es complicado “a toro pasado” y sin tener conocimiento profundo de lo ocurrido saber si alguien debe asumir responsabilidades por lo acontecido, y ha señalado que “no se puede ir para atrás y cambiar lo sucedido”.
“Lo que sí hay que poner es todas las medidas para que esto no nos vuelva a pasar. Y yo creo que esas medidas pasan, insisto, por un protocolo único de determinación de la edad para toda España y que esas pruebas de determinación de la edad, como he pedido al Gobierno de Canarias, se ejecuten en los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE)”, ha ahondado la consejera regional.
Delgado ha apuntado que cuentan con el compromiso del Gobierno de España para que eso sea así y, además, el coste sea asumido por el Ejecutivo central, ya que actualmente es la administración regional la que asume el coste de realizar las pruebas.
“Estamos ante una crisis migratoria de un calibre que nunca se ha visto en Canarias y faltan más recursos humanos, tanto en las brigadas policiales como en la atención a pie de muelle. Cuando es un juez quien determina la prisión y pasa por fiscales de menores, de extranjería... Creo que ese protocolo de determinación de la edad en los CATE evitaríamos esto”, ha insistido Delgado.
Ha recordado que sucede a menudo que otras comunidades autónomas han avisado de que les llegan menores de edad derivados desde Canarias, algo que, a su juicio, no sucedería si hubiese tecnología suficiente para hacer las pruebas a pie de muelle.
Acusados de ser el patrón solo por sujetar el timón
Esta misma semana se ha conocido que la Fiscalía solicita en Canarias casi siempre penas más duras para los patrones de pateras que las que demanda en Almería, Murcia, Ceuta o Baleares, y que reserva las condenas atenuadas exclusivamente para aquellos acusados que se confiesan culpables, además de que solo en las Islas lleva a juicio a ciudadanos de Mali, sin valorar siquiera para ellos que pueden ser considerados refugiados. Los dos jóvenes que estaban encarcelados están acusados de patronear la patera en la que llegaron, algo que conlleva penas más duras y que, incluso en caso de ser absueltos, implica quedar fuera de los sistemas de acogida.
Esta es la situación descrita por el abogado especializado en migraciones Daniel Arencibia en un estudio en el que revisa más de 200 sentencias contra patrones de pateras dictadas en 2022 y 2023 por seis audiencias provinciales (las dos de Canarias y cuatro del Mediterráneo con altas cifras de llegadas de migrantes).
Según sus indagaciones, en ocasiones se acusa a un migrante de haber patroneado la embarcación en base a un testimonio recogido en el momento de desembarcar, sin tener en cuenta las circunstancias en las que lo hace, y sin que esté presente un abogado. Se llega a considerar como patrón a alguien solo por el hecho de haber sujetado el timón o manejado el GPS, aunque fuera un momento y no tuviera nada que ver con la organización de la travesía.