La llegada de migrantes irregulares cayó un 4% en Canarias el año pasado con respecto a 2020 hasta contabilizar un total de 20.752 personas, según el balance del Ministerio del Interior a fecha de 16 de diciembre.
En total, la cifra de migrantes que ha llegado a España de forma irregular en 2021 se va a cerrar de forma muy similar a la del año anterior, con 39.157 entradas, un 1,2% menos que las registradas en la misma fecha un año antes: 39.629.
Esta bajada en los datos del año se produce por la caída de las llegadas registradas a Canarias y a Melilla, principalmente.
En la ciudad autónoma la bajada ha sido de casi un 23%, al pasar de las 48 llegadas el año pasado a las 37 que se han contabilizado este año.
Por el contrario, han aumentado las personas acogidas en las costas de la Península y de Baleares, que hace un año eran 15.810 y este año han sumado un total de 15.996; y las llegadas por vía marítima a Ceuta, que han sido 600 en 2021, mientras que entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2020 se registraron 496.
La frontera terrestre de Ceuta también ha registrado un aumento, con respecto al año anterior, en este caso, de más de un 200%, ya que, según Interior, en 2021 cruzaron la valla de la ciudad autónoma 681 personas, mientras que un año antes lo hicieron 219, según sus cálculos.
En Melilla, por su parte, las entradas registradas son 1.091, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 1.396 las que cruzaron la frontera en este punto.
Incidentes en Ceuta
Sin embargo, Interior puntualiza que, en estos datos, no está contabilizada la entrada de migrantes ocurrida durante la crisis migratoria de Ceuta, los días 17 y 18 de mayo. El Gobierno de Ceuta, en rueda de prensa, ha explicado que en esos dos días pudieron entrar en torno a 12.000 personas.
En esas mismas declaraciones, las autoridades de la ciudad autónoma han reconocido que 10.000 de estos migrantes fueron devueltos a su país de origen en los días posteriores a su entrada; que más de 450 menores han sido acogidos en Ceuta y que otro millar podría estar viviendo en las calles o salir de la ciudad en patera.
Esta crisis vivida en mayo se avivó en agosto con el inicio de un operativo policial para repatriar a los menores tutelados en grupos de 15. Aunque desde las autoridades alegaron que se había excluido a los niños vulnerables de este proceso, las ONG denunciaron la situación y la Justicia paralizó el operativo, que aún sigue pendiente de decisión judicial.