El Parlamento canario coincide en pedir la atención de la UE en la cuestión migratoria pero se pierde en acusaciones entre CC, PSOE y PP
Algo ha quedado claro este viernes tras la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento regional para dar cuenta de la situación migratoria en las Islas: toda la Cámara comparte la opinión de que la Unión Europea debe intervenir directamente en la gestión de las llegadas de migrantes al archipiélago. Más allá de ese punto, los partidos difieren en sus discursos y las acusaciones entre las formaciones mayoritarias han copado buena parte del debate.
Coalición Canaria ha centrado su discurso en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente al PSOE, de la situación límite que sufren los recursos de acogida autonómicos, competentes en la atención a los menores que llegan solos. El PSOE, por su parte, reclama al presidente Clavijo que “mire hacia su derecha”, en referencia a su socio de Gobierno, el PP, porque fue este partido el que dinamitó el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para que la atención a los menores fuera corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. De haber votado a favor, se habría tramitado durante el verano esa reforma y se habría iniciado ya la distribución de los menores por todo el territorio nacional, con lo que habría disminuido la presión en los recursos isleños. Y por último, el PP acusa a Sánchez de estar solo pendiente de Catalunya y no prestar atención a Canarias.
En su intervención, Clavijo ha reclamado una nueva negociación para el reparto de los menores migrantes en la que participen tanto el Gobierno canario como el Gobierno de España, pero también el Partido Popular y Junts. “Al menos hay que intentarlo, nadie me ha explicado por qué no se ha intentado”, ha dicho Clavijo. El presidente canario ha defendido la necesidad de que el PP y Junts participen en las negociaciones porque fueron los que se opusieron en el Congreso a la admisión a trámite de la modificación de la Ley de Extranjería acordada entre los gobiernos de Canarias y de España, y que estaba abierta a modificaciones durante un posterior trámite parlamentario.
El Gobierno de Canarias “no va a ser cómplice de normalizar una situación extraordinaria”, ni de que los menores migrantes vean vulnerados sus derechos o de que “el pueblo canario soporte en solitario toda la presión migratoria” procedente del continente africano“, ha dicho el presidente canario.
Ha acusado al Gobierno de España de “mirar para otro lado”, de no tomar la iniciativa y de argumentar que todo es “muy complicado”. Pero, para Clavijo, “no es difícil” aplicar el mismo criterio de distribución de menores que se acordó por las comunidades en la conferencia sectorial para unos 400 migrantes que para unos miles.
El presidente ha indicado que el 12 de agosto hubo “una reunión discreta” e “informal”, que luego hizo pública el PSOE, en la que participó el Gobierno de España, representado por el ministro Ángel Víctor Torres, y el PP, pero el Ejecutivo central aún no ha cumplido el compromiso alcanzado, según él.
El Gobierno de España se comprometió a trasladar un informe sobre las plazas y los menores migrantes distribuidos por el territorio nacional y realizar dos simulaciones sobre su distribución, pero “pasan los días” y no llega la información, se ha quejado.
Clavijo ha recordado que, ante la crisis migratoria y “la imposibilidad de asumir más menores”, el Gobierno de Canarias decidió esta semana “revisar los procedimientos” con la finalidad de “blindar” los derechos de los menores y de los trabajadores de la comunidad autónoma, así como “dar cobertura legal” a las ONG.
Por eso se ha dado orden a los servicios jurídicos “para que analicen la situación”, no “para ir contra nadie”, sino “a favor de los menores y sus derechos”, así como los de los trabajadores, expuso el presidente autonómico.
Clavijo repasó las reuniones y actuaciones realizadas sobre inmigración en esta legislatura, incluido el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para modificar la Ley de Extranjería. Esa modificación fracasó porque el PP y Junts votaron en contra después de que el Gobierno de España no negociara con ellos para dar respuesta a sus peticiones, ha recordado, aunque no dirigió ninguna de sus palabras al PP.
Y pese a sus declaraciones de las últimas semanas en las que ha responsabilizado del fracaso únicamente el Gobierno de España, al PSOE y a Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que tras la negativa del PP, Vox y Junts ha buscado “la unidad política y espacios de encuentro” para intentar acordar una solución, de la que, según él, surgió el encuentro del 12 de agosto, cosa que ha sido desmentida por el portavoz del PSOE. “Si hay voluntad de acuerdo, nos sentamos en una mesa el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el PP y Junts”, ha propuesto el presidente canario, quien ha remarcado que el Partido Popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas.
En la réplica al resto de grupos, Clavijo ha agradecido el fondo y las formas de los diputados de AHI, ASG y CC, mientras que al de Vox, Nicasio Galván, le ha recriminado que su partido se dedique a “amenazar cual matón de patio de colegio” al PP con tumbar los presupuestos en aquellas comunidades donde cogobernaban.
¿Dónde está Domínguez (PP)?
En su turno, el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, lamentó que Clavijo responsabilice al Gobierno de España de la crisis de los menores migrantes cuando “el gran problema” para su reparto entre las demás comunidades autónomas es el PP, que votó en contra en el Congreso.
Franquis afirmó que, a pesar de ese fracaso en julio pasado, su partido sigue “apostando por el acuerdo”.
Dijo que fue precisamente por iniciativa del PSOE que hubo en agosto una reunión “discreta” entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y representantes del PP, desmintiendo lo afirmado previamente por Clavijo.
Por eso, aseguró Franquis, Clavijo “mintió” cuando reprochó al Gobierno de España que no hubiera habido ninguna reunión en agosto, y acusó al presidente canario de “mirar para otro lado” cuando se trata de pedir responsabilidades al PP.
“Me extraña que después de lo que pasó en el Congreso de los Diputados, su reproche sea para los que votaron que sí”, expuso el portavoz socialista, para quien Clavijo tiene un problema “a la derecha” en su propio Gobierno.
Franquis ratificó su disposición a seguir dialogando, pero pidió a Clavijo que “no se equivoque de adversario”, porque el problema no está en Pedro Sánchez, en Ángel Víctor Torres ni en el PSOE, sino “en su socio de gobierno, que votó que no en contra de un acuerdo mayoritario del Parlamento de Canarias”.
También se preguntó por qué por segunda vez el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, del PP, se ausenta del Parlamento justo cuando se debaten cuestiones relacionadas con la crisis migratoria. Domínguez ha acudido este viernes a la reunión de barones del PP en Madrid.
Un “último esfuerzo”
El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, pidió a PP y PSOE “un último esfuerzo” para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería.
Barragán indicó que “hay que hablar” de dos de los cuatro puntos que plantea el PP: la financiación a las comunidades autónomas y la distribución de los menores, porque “todo el mundo da por hecho” de que aprobada la ley, resuelto el problema, pero “puede venir un tribunal a raíz de una denuncia de una comunidad y paralizarla”.
De ahí, ha proseguido, “la importancia del acuerdo con el PP que reivindicamos”, y de ahí esa petición de “un último esfuerzo”, pues detecta que existe “voluntad” entre los dos principales partidos políticos, “más allá de la tensión verbal que vemos todos los días”.
No en vano, ha recalcado que hasta el día en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se estuvieron dando “cachetones”, pero “ese acuerdo que pensábamos que no salía, salió”.
Sentarse “las veces que haga falta”
El diputado de Nueva Canarias Luis Campos pidió al PSOE y al Gobierno de España que “se sienten” a negociar la reforma de la ley de Extranjería “las veces que haga falta”, como si es también con el PP y Junts, como propone el presidente canario, y pidió al Ejecutivo central “más responsabilidad a la hora de tomar decisiones”, en algunas de las cuales “andan lentos”.
También criticó que después de “semanas, meses”, pidiendo desde Canarias la cesión de espacios militares para la acogida de migrantes, la ministra de Defensa, Margatira Robles, ofrezca ahora dos, o que el ejecutivo central comprometa 50 millones “sabiendo el coste que tiene” la atención de estas personas.
Ahora bien, discrepó rotundamente con la acusación de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (AHI, ASG, C y PP) de que el ejecutivo central “no ha hecho nada”, lo cual “no es verdad y es injusto”.
Campos afirmó que si al PSOE le ha pedido “una vuelta de tuerca más” en la búsqueda de soluciones, al PP le reclama “la primera vuelta de tuerca” porque “no ha hecho nada salvo obstaculizar” y pronunciar “discursos xenófobos”.
“La única forma de colaborar era votar que sí y votaron que no” a la reforma de la Ley de Extranjería, espetó Campos a los diputados del PP, a los que ha reprochado que estén “más preocupados” en mirar hacia otros lados: por un lado, hacia la Moncloa para intentar “reventar” a Pedro Sánchez; hacia Madrid para ver “ lo que dice” la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y hacia Vox y Alvise “a ver si pueden recuperar algún voto”.
También le recriminó al presidente Clavijo que no le haya dedicado “ni un solo reproche” a su compañero en el Gobierno de Canarias, el PP, que es “el responsable” de que la reforma de la Ley de Extranjería no fuera siquiera tramitada en el Congreso.
El portavoz de Nueva Canarias le pidió también al jefe del ejecutivo regional que se deje de “ambigüedades” sobre la acogida de los menores migrantes no acompañados en vista de que nadie de su gabinete saliera a desmentir las interpretaciones que hicieron los medios de comunicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Es más, aludió a declaraciones que le “preocupan”, como las de la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, sobre el envío de migrantes “a otras costas” españolas, palabras que “si las hiciera alguien de Vox o la presidenta italiana, Giorgia Meloni, saltaríamos todos diciendo que es una aberración”.
Campos recordó que estas declaraciones coinciden con las que hizo el vicepresidente canario y líder regional del PP, Manuel Domínguez, en una radio. Por ello, pidió que no se trate a los menores migrantes como “mercancías”, con “albarán de entrega” y se les dé un trato digno.
Diálogo y diplomacia
El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, expresó que la situación migratoria en las Islas es “un asunto de Estado, que precisa de mayores dosis de diálogo y capacidad de acuerdo, y menos crispación por parte del PSOE y el PP, para alcanzar pactos”, y reiteró que “no es un problema político ni territorial, sino humanitario ante el que no podemos fracasar”.
En este sentido, lamentó que haya fuerzas democráticas que “miran para otro lado u organizan debates o polémicas estériles” o la lentitud del Gobierno estatal para buscar una solución a esta crisis, y puso de relieve “la unidad del Pacto por la Emigración suscrito en Canarias por la mayoría de las formaciones con representación parlamentaria”.
A su juicio, “el drama humanitario generado por la migración va a ir a peor, pues no es algo coyuntural o temporal, sino estructural, debido al crecimiento poblacional que está viviendo África y las situaciones de guerra, hambre, inseguridad y falta de desarrollo y oportunidades que sufre este continente”.
Por ello, indicó que es fundamental la intervención de la Unión Europea, ya que la respuesta no la puede dar una comunidad autónoma, ni siquiera un solo país“.
Con este objetivo, invitó a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a visitar las islas, al igual que en su día lo hizo a Lampedusa, pues “Canarias se merece la misma consideración”.
Agradeció al presidente del Gobierno que haya liderado y mantenido la unidad en el proceso de buscar la solución más adecuada para la distribución de los menores migrantes no acompañados tras fracasar el reparto solidario y voluntario, y respaldó los acuerdos adoptados por el Ejecutivo en su último Consejo de Gobierno.
Un reparto de 7.000 menores –sumados los de Canarias y Ceuta– que, en opinión de Casimiro Curbelo, “no puede ser un problema en un país de 47 millones de habitantes y menos cuando pudo atender sin problemas a 35.000 menores llegados de Ucrania”.
También calificó de “extraordinario y admirable” el comportamiento de los canarios y las canarias con las personas migrantes, de manera concreta a los herreños y herreñas, pese a enfrentarnos, “a veces en una terrible soledad”, a la tarea de salvarles, acogerles y atenderles sanitariamente con nuestros propios medios y muchas veces desbordados.
Culpar a Sánchez
El portavoz del PP en el Parlamento, Juan Manuel García Casañas, atribuyó al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad de la crisis migratoria que afecta a Canarias y de que las islas sean “la principal ruta de llegada” y la ruta “de la muerte”.
Justificó el rechazo de su partido en el Congreso a la distribución de menores migrantes porque no se ha garantizado una financiación hasta su mayoría de edad, un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas y la declaración de crisis migratoria para la agilización de trámites, aunque ha obviado que estas cuestiones que podían haberse incluido durante el trámite parlamentario si hubiese votado que sí.
“Votamos que no porque no nos vendemos, anteponemos el bienestar de los canarios, de los niños y de las niñas, a cualquier acuerdo político” para que Sánchez esté en La Moncloa, y acusó al presidente del Gobierno de “mirar para otro lado”, en particular hacia Catalunya, pero no para Canarias.
“Desde que Sánchez llegó a La Moncloa han llegado 130.000 personas, ese es el resultado”, afirmó.
El representante del PP lamentó que se llame racista e insolidario a los que exigen medidas de contención, o insensibles a los que reclaman más medios materiales y humanos.
El portavoz de Vox en el Parlamento, Nicasio Galván, también acusó al Gobierno de España de “nula planificación” y “nulo interés por resolver el problema” de la inmigración.
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