Cómo son las pruebas de edad por las que desesperan “congelados” más de 1.700 migrantes en Canarias

Más de 1.700 migrantes en Canarias aún esperan por la prueba de determinación de edad que condicionará su futuro. Mientras este tapón se resuelve, adultos y niños conviven en espacios de emergencia habilitados por el Gobierno de Canarias en los últimos meses. El último ejemplo tuvo lugar el pasado 8 de junio, cuando la Fiscalía de Las Palmas dio la orden de ingresar en un centro de Gran Canaria a un hombre camerunés que pocos días más tarde declaró que tenía 28 años. Esta mezcla de edades ha dinamitado el buen funcionamiento de muchos de estos recursos, según los trabajadores, que han denunciado incluso supuestos abusos sexuales hacia un menor por parte de otros dos usuarios mayores de edad. Este caso ha desatado un cruce de acusaciones entre la fiscal jefa de la provincia oriental, Beatriz Sánchez, y la consejera autonómica de Derechos Sociales, Noemí Santana, sobre quién tiene la culpa de este atasco. Estas son las fases que los migrantes recorren hasta llegar a la realización de estas pruebas de la discordia, cuya fiabilidad ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por diversas organizaciones especializadas en infancia.

La reseña policial. En primer lugar, agentes de la Policía Nacional recopilan los datos personales de los migrantes durante la filiación, que tiene lugar en las primeras 72 horas posteriores a su llegada. La responsable de migraciones de Save The Children, Jennifer Zuppiroli, explica que durante esta pequeña entrevista se recoge la edad que el migrante asegura tener. En muchas ocasiones, carecen de documentación y su palabra es la única prueba. Según un informe del Defensor del Pueblo, más del 64% de los nacimientos que tienen lugar en África subsahariana no se registran.

Zuppiroli defiende que este primer contacto debe ir más allá, a través de una entrevista social en la que además se expliquen los diferentes derechos con los que cuentan los menores y los adultos y donde también se recaben otros datos, relacionados, por ejemplo, con los progenitores.  El Gobierno de Canarias solicitó al Ministerio del Interior la presencia de Save The Children en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con el fin de realizar estas intervenciones. El ministro Fernando Grande-Marlaska rechazó la petición escudándose en las restricciones para frenar la COVID-19.

Durante la crisis de acogida que atraviesa el Archipiélago, errores cometidos en esta reseña han provocado que menores pasen meses en centros reservados para adultos y que personas con más de 18 años habiten en recintos para niños no acompañados.

La prueba. Todas aquellas personas que tengan menos de 18 años en la reseña policial son trasladadas a centros de menores no acompañados. Después, la Fiscalía ordena que se les practique la prueba de determinación de edad. Según Zuppiroli, pueden ser dos o tres en función de la isla: una radiografía de la mano, otra del desarrollo dental y otra de la clavícula. “Estas radiaciones son invasivas, costosas y poco fiables”, defiende la responsable de la ONG.

La especialista pone de ejemplo a otros países europeos como Italia, que “pese a haber recibido en los últimos años más menores que Canarias” no exige tantas pruebas y colabora más con los territorios de origen para conocer la edad de los migrantes. “Se ha demostrado que en poco tiempo el país de nacimiento puede enviar un documento que esclarezca la edad. Las radiografías allí son el último remedio”, asevera. A Zuppiroli le sorprende la escasa colaboración entre España y Marruecos para resolver estas cuestiones, pese a que 1.101 de los menores tutelados por el Ejecutivo autonómico son marroquíes y pese a las intensas relaciones (ahora muy deterioradas) que mantienen ambos estados.

El 27 de enero, la Fiscalía de Las Palmas autorizó, a petición del Gobierno canario, que estas pruebas se hicieran también en clínicas privadas, con el fin de aliviar el atasco provocado por la crisis sanitaria y la reactivación de la ruta canaria. Hasta ese momento, solo estaba permitido que en las islas capitalinas las radiografías se hicieran en los hospitales de referencia.

La estimación de la edad. Los Institutos de Medicina Legal analizan las pruebas y realizan una estimación de la edad. Save The Children critica que los parámetros empleados para evaluar las radiografías se fundamenten en jóvenes norteamericanos y no tengan en cuenta las condiciones socioeconómicas, culturales y de desarrollo de la infancia en movimiento. Mientras tanto, el IML de Las Palmas aplica desde hace un mes métodos que intentan alcanzar una mayor precisión. La doctora Diana García forma parte de la Unidad de Determinación de la Edad y explica que ahora, para valorar tanto la prueba del carpo como la que mide la maduración dental, recurren a artículos y trabajos que tienen un amplio estudio de población multirracial. “Hacemos un trabajo más exhaustivo y damos unos rangos más certeros”, señala. Según la doctora, estas publicaciones de referencia hacen distinciones entre hombres y mujeres, comunidades y africanos magrebíes y subsaharianos.

La doctora García también defiende la fiabilidad del uso de guías fundamentadas en población americana. Este método infravalora la edad de los niños y niñas procedentes de países africanos, que presentan un desarrollo óseo menor. “Les protege más, que es de lo que se trata”, apunta.

El volumen de trabajo en la Unidad de Determinación de Edad ha aumentado en los últimos meses. En lugar de tres trabajadores, ahora la componen seis. “Algunos tenemos casi dedicación exclusiva”, explica García. Los profesionales han pasado de hacer en enero unas 30 estimaciones de la edad a hacer cerca de 160 en mayo. El margen de error con el que trabajan es muy variable. En algunos casos, una prueba refiere que la persona tiene una media de edad de 15 años y la segunda apunta que tiene más de 20. En estos casos, se recurre al TAC de la clavícula.

Decreto de edad. Una vez elaborado el informe con la estimación de la edad, es la Fiscalía la que emite el decreto que determina si el migrante es mayor o menor. Asimismo, también le corresponde al Ministerio Público ordenar la derivación de la persona a un centro de adultos si fuera necesario.

Mientras se cumple todo este procedimiento, los niños quedan “congelados”. “Hasta que no se confirma su minoría de edad no se fomenta del todo su inclusión”, cuenta Jennifer Zuppiroli. En algunos casos, obtienen su decreto cuando están a punto de cumplir 18 años y quedan “en una suerte de limbo”. Para que la protección a los menores sea más efectiva, Save The Children propone que todas las personas que participan en este itinerario tengan una alta especialización en infancia en movimiento y que conozcan las razones de la movilidad juvenil. “Esta formación garantizará la identificación de posibles niños solicitantes de asilo o niñas víctimas de trata”.