Tres colectivos ciudadanos de Canarias, Ceuta y Melilla denuncian que en esos tres territorios de la frontera sur de Europa se bordea la ley en el trato que se dispensa a los migrantes, llegando a convertir la burocracia en una forma de “violencia administrativa” contra el extranjero.
No Name Kitchen (Ceuta), Solidarity Wheels (Melilla) y El Taller (Gran Canaria) publican este jueves “Burorrepresión en la frontera sur de Europa”, un extenso informe en el que describen varias prácticas abusivas a partir de decenas de testimonios de migrantes africanos que han pasado por esos enclaves en los últimos tres años.
Estos tres colectivos subrayan que las dos ciudades autónomas y las Islas Canarias “comparten numerosas similitudes”, a pesar de sus diferencias, “siendo la principal de ellas la vulneración sistemática de los derechos de las personas migrantes” en su tránsito por esos enclaves hacia la Europa continental.
“Estos territorios se han configurado como espacios fronterizos donde la excepcionalidad de la norma es la habitualidad y cuyo régimen, en ocasiones jurídico, y en otras administrativo, permite la vulneración de derechos a través de prácticas cotidianas realizadas por la administración”, aseguran las conclusiones del informe, presentado en público este jueves en Las Palmas de Gran Canaria.
No Name Kitchen, Solidarity Wheels y El Taller alertan de que existen “prácticas burorrepresivas que se reproducen de manera similar en Gran Canaria, Ceuta y Melilla”, comportamientos y estrategias orientados a “dificultar el paso de las personas migrantes” y que, a su juicio, “no son azarosas ni casuales”.
Entre otras prácticas, denuncian “falta de información” a los migrantes sobre los derechos que les asisten o sobre los procedimientos para solicitar refugio o asilo, así como impedimentos para empadronarse en la ciudad donde viven, lo que dificulta su acceso a servicios públicos como la sanidad, la educación, determinadas prestaciones sociales y, en última instancia, a la “regularidad administrativa”. Y esto último, añaden, es especialmente acusado en las ciudades de Ceuta y Melilla.
El informe también se fija en los menores, de los que asegura que no siempre son informados sobre su documentación, lo que puede derivar en que terminen “en situaciones de irregularidad administrativa y calle” cuando cumplen los 18 años.
“Mientras que en las ciudades de Ceuta y Melilla han disminuido los casos de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad sin el permiso de residencia tramitado o con éste caducado, en Gran Canaria cada vez más menores se encuentran con esta barrera burocrática”, indican.
Y alertan, además, de que “Canarias, Ceuta, Melilla y el Estado español permiten que haya niños, niñas y jóvenes en situación de calle, relegándolos a la exclusión y contraviniendo la normativa nacional, europea e internacional sobre protección a la infancia”.
Igualmente, denuncian que han detectado en los tres territorios “prácticas arbitrarias que han dificultado o restringido la libertad de movimiento de las personas solicitantes de protección internacional hacia la península”.
“La exigencia de determinada documentación y el bloqueo de expedientes carece de respaldo legal y ha servido para retener a las personas en las ciudades”, aseguran No Name Kitchen, Solidarity Wheels y El Taller, que recuerdan que en Canarias en 2020 y 2021 tuvieron que intervenir los tribunales ante las trabas que la Policía ponía a los migrantes que intentaban tomar un avión a la península.
Para revertir esta situación, proponen crear “oficinas de información gratuita y accesible” para los migrantes en los lugares de tránsito, planificar los recursos de acogida “a nivel estatal” desde una óptica “que no responda en exclusiva a situaciones de emergencia” y “garantizar que el sistema de protección a la infancia llegue a todos los niños y niñas”, incluso con equipos de calle.