PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado a declarar este jueves, día 24, a partir de las 8.30 horas, al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, tras ser suspendida la declaración prevista para hoy.
El magistrado le interrogará después de que la Fiscalía dejase sin efecto la semana pasada el auto con el que ponía fin a la instrucción de la pieza relacionada con la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany como asesor externo, y que daba paso a Fiscalía y Abogacía de la Comunidad Autónoma para que formulasen escrito de acusación o pidiesen el sobreseimiento, paso previo a la apertura de juicio oral.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han recordado que Matas será interrogado en torno a un contrato menor de 11.550 euros que le fueron abonados a Alemany para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un trabajo que, de acuerdo a las pesquisas, no fue finalmente realizado.
En concreto, el ex líder del PP ha sido citado después de que la Fiscalía recurriese el auto dirigido a transformar las diligencias previas de la pieza número 2 del caso a procedimiento abreviado, al entender que Matas no había sido interrogado sobre este contrato menor, sobre el que hacía mención la resolución judicial que ha quedado sin efecto.
Así, tras la comparecencia de Matas, el magistrado deberá dictar un nuevo auto en el que, a tenor de la versión que dé el ex presidente sobre estos hechos, se valorará el carácter delictivo o no de ese contrato menor. Se da la circunstancia de que la defensa de Matas, ejercida por los letrados Rafael y Salvador Perera, ya había recurrido en reforma -ante el propio Juzgado de Instrucción número 3- esta resolución al mostrarse en desacuerdo con las acusaciones vertidas por el magistrado contra el ex presidente.
Cabe recordar que el auto dictado la pasada semana por Castro señalaba que el importe de 11.500 euros habría sido adjudicado a la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares, tras ser cursado por el entonces director general de Comunicación, Joan Martorell -también imputado-, advertido por Matas de que “a lo que el señor Alemany pida, no se le pongan pegas”. Un contrato, proseguía, “de por sí carente de todo control” cuyo importe fue transferido a la cuenta corriente del periodista.
Todo ello a pesar de que, continuaba el instructor, “a día de hoy se desconoce de qué entrevistas y reportajes se trata ya que no existe la menor constancia de que el objeto del contrato se haya realizado, igual que se ignora en qué medios de la prensa deportiva nacional”.
En una contundente resolución, el magistrado apuntaba a Matas como el impulsor de la contratación de Alemany, al que hacía referencia como su “asesor político en la sombra y fervoroso cronista de todas sus intervenciones”, con el objetivo aparente de que asesorase al entonces jefe del Ejecutivo, al tiempo que lo señalaba como la persona que propuso adjudicar este contrato a la agencia de comunicación Nimbus -investigada por mediar en una financiación presuntamente irregular del PP-, a fin de simular la contratación directa de Alemany por 110.200 euros entre los años 2003 y 2005.
El auto aludía así a la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración. De forma paralela, la resolución hacía referencia a los 272.243 euros concedidos por el Gobierno balear aparentemente para la creación de la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, pese a que en realidad habrían sido invertidos en la creación de un digital -Libertad Balear- proclive a la acción del Gobierno balear.
Se trataba de la primera vez que una pieza de este caso había llegado al final de su instrucción, como primer paso para que Matas, Alemany y otros imputados de este fleco se sentasen en el banquillo de los acusados. La causa investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo Palma Arena (2005-2007) y su posible conexión con un enriquecimiento ilícito del ex presidente 'popular' así como con la supuesta financiación ilegal del PP.