MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La acusación popular en una de las causas abiertas en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón, por supuesto cohecho y prevaricación relacionados con unos cursos que éste dirigió en Nueva York, ha pedido que se cite como testigo al ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, para que explique la ayuda de 125.000 dólares que la entidad prestó en 2006 al Centro de Derecho de la Universidad de Nueva York para la organización de estos encuentros académicos.
La petición se produce después de que Endesa remitiera al alto tribunal diversa documentación que certifica que en abril de 2006 Endesa donó la citada cantidad tras recibir una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitando fondos para el patrocinio. La empresa llegó a pactar la donación de 500.000 dólares, si bien finalmente sólo entregó 125.000.
El pasado 10 de junio, el magistrado instructor de esta causa, Manuel Marchena, solicitó diversa comunicación a Endesa y también a BBVA, Caixa Cataluña y Telefónica, tras tener conocimiento de que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. En concreto, el alto tribunal solicitó certificación de “las cantidades abonadas por cualquier concepto, con indicación de su fecha e importe” al citado centro de Derecho y Seguridad.
Según el escrito remitido al Supremo por la acusación -que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón-, la comparecencia de Pizarro es necesaria “porque es imposible creer que una empresa estuviera dispuesta a donar 500.000 dólares a una Universidad extranjera sólo porque se lo pida una profesora en una carta”.
MEMBRETE DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Advierten también que una de las misivas se entregó en un sobre con membrete oficial del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón es titular, tal y como reconoce en uno de los documentos remitidos al Supremo el director general de Asesoría Jurídica de Endesa.
Los querellantes añaden que “500.000 dólares es una suma razonable para ganarse las simpatías del juez más famoso, en cuyo juzgado pueden recaer casos de una gran empresa, pero un disparate para financiar un seminario remoto sobre terrorismo donde de no figurar Garzón carecería de todo interés para la eléctrica cuyos patrocinios usuales nada tienen que ver” con temas de seguridad.
CITACIONES SOLICITADAS
Además de la comparecencia de Pizarro, a quien Greenberg remitió su misiva solicitando fondos, la acusación popular solicita la citación como testigos de Gabriel Castro Villalba, que es la persona que firmó el contrato con la Universidad estadounidense por parte de Endesa, así como la del responsable jurídico de la eléctrica Enrique Durán Baquerizo.
También solicita a Marchena que ordene la comparecencia de la empleada de Endesa Montserrat Carrión, destinataria de los correos electrónicos intercambiados para la formalización del contrato, y de la asistente del juez en Estados Unidos María del Mar Bernabé, que ya declaró ante el Supremo el pasado 23 de abril, al considerar que puede aportar datos relevantes sobre estos pagos.
Marchena solicitó información a varias empresas sobre sus patrocinios de cursos de Garzón tras conocer que éstas podrían haberse producido a través de una carta remitida por el propio Garzón el 12 de diciembre de 2005 al presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, mediante la cual el juez le hacía llegar el programa de unas conferencias organizadas por él en el Centro de Leyes y Seguridad de la Universidad agradeciéndole de antemano su interés en el proyecto, en el que la compañía invirtió finalmente 100.000 dólares.
“Espero que al igual que lo han hecho otras entidades (BBVA, Caixa Cataluña, Telefónica y Endesa) puedas contribuir a la iniciativa”, finalizaba la misiva firmada por Garzón.
En una providencia que lleva fecha de 9 de junio, el magistrado Marchena justificaba su petición como “indispensable para el esclarecimiento del hecho denunciado conocer las cantidades que pudieron haber sido demandadas por el ilustrísimo señor Garzón a otras entidades mercantiles para el patrocinio de los cursos organizados durante su estancia en la Universidad de Nueva York”.
Los abogados Mazón y Panea, autores de la querella contra Garzón que tramita el Supremo, acusan al juez de haber recibido 302.000 euros del Santander para la organización de los cursos en Nueva York y después haber archivado, a su regreso a la Audiencia Nacional, una querella contra el presidente de esta entidad bancaria, Emilio Botín.