En septiembre de 2013, la atención hospitalaria de 1.153.939 madrileños dependerá de tres diferentes empresas a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cede la asistencia sanitaria (a cambio de, dicen, ahorrar un 20% a los presupuestos regionales). A 12 días para llegar a esa fecha, la llamada Marea Blanca se ha reunido este domingo frente al Ministerio de Sanidad.
Desde el 18 de noviembre no menos de cinco grandes manifestaciones se han concentrado en el centro de la ciudad de Madrid según iba avanzando el plan privatizador de seis hospitales (Infanta Leonor, Hospital del Tajo, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Sureste y del Henares). El proceso fue anunciado por el presidente regional Ignacio González el 31 de octubre de 2012 y llevado a cabo por su consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty. A eso se le unieron dos huelgas generales del sector sanitario en noviembre y diciembre del año pasado -que se repetirían en mayo y junio de 2013-. Con todo, la Consejería no varió sus planes para terminar pasando la dirección médica de los centros a concesionarias en un calendario inexorable. La norma legal que dio cobertura a la privatización se aprobó en el Parlamento regional el 27 de diciembre.
La subasta comenzó en abril. Entonces, Sanidad publicó los pliegos de condiciones para la adjudicación. No fueron ningún éxito de convocatoria. Si el consejero Lasquetty se había mostrado deseoso en noviembre de que acudieran “cuantas más empresas mejor” para obtener ofertas más ventajosas desde el punto de vista del precio, el sector no compitió en absoluto. Además, en medio del proceso, el Ejecutivo madrileño abarató las exigencias económicas de aval que pide a las empresas al recibir el contrato. Lo pasó del 5% del total de la concesión de diez años, unos 200 millones de euros, al 5% de una anualidad: unos 28 millones. Esa modificación fue recurrida en los tribunales e incluso trajo una suspensión cautelar de todo el proceso en julio que luego fue levantada -por motivos de forma, no de fondo- por el Tribual Superior de Justicia de Madrid.
Sólo un aspirante por paquete de hospitales ha tenido la convocatoria de privatización. Dos de ellos, Sanitas (para el centro de Coslada, próximo al de Torrejón de Ardoz cuya adjudicación compró a Ribera Salud en 2012) y la propia Ribera (para el Infanta Leonor Vallecas y el del Sureste) ya han recibido el encargo formalmente. Los otros tres hospitales cuentan con el informe favorable de ser entregados a la empresa puertorriqueña HIMA San Pablo (especializada en llevar pacientes de EE UU a la isla con sus ofertas de asistencia “más económica”).
El PP de Madrid ha empujado la privatización de hospitales contra viento y marea. Sus planes han pasado por encima de la oposición de los profesionales y población además de dirimir batallas legales, algunas de ellas todavía por resolver. La Asociación de Facultativos AFEM tiene pendiente aún un recurso que, supuestamente, se resolverá en septiembre. El Partido Socialista de Madrid presentó un recurso de inconstitucionalidad basado en un informe elaborado por AFEM y los abogados de López Rodó & Cruz Ferrer. El Constitucional lo admitió a trámite (aunque ello no conlleva parón provisional del plan).
El concurso no ha traído competencia alguna entre ofertantes. Cada uno de los que han terminado por llevarse un lote han sido los únicos que enviaron sobres a la subasta. Sus cálculos copiaron las cifras económicas publicadas por Sanidad respecto a lo que el Servicio Regional de Salud trendrá que pagar a las empresas por atender a los pacientes. Sus mejoras se quedaron en un 0,006% de lo presupuestado oficialmente. Son 313.254 euros al año respecto a los 4.679.820.419 euros en los que valoró la cesión de la actividad hospitalaria a empresas privadas publicada el pasado 7 de mayo. Esas son las cifras del negocio sanitario abierto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.