MADRID/TOLEDO, 20 (EUROPA PRESS)
El PP considera que las últimas informaciones relativas al patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, recogen “ciertas conductas y hechos” que podrían ser constitutivos de delito y por eso insta a la Fiscalía Anticorrupción a que actúe con urgencia. En concreto, sostiene que podría aplicarse a este caso la doctrina sobre el cohecho pasivo impropio que ha establecido el Tribunal Supremo en su sentencia sobre la reapertura de la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Según el primer partido de la oposición, las dádivas al presidente del Congreso han sido “aparentemente reiteradas” y “aparentemente opacas” pero “eso sí muchísimo más cuantiosas que las examinadas” en el caso que afecta a Francisco Camps sobre regalos presuntamente regalados por la trama Gürtel.
Así se recoge en el escrito de ampliación de alegaciones de la denuncia que presentó el 29 de abril ante la Fiscalía General del Estado sobre “presuntas irregularidades y desajustes patrimoniales” de José Bono, que fue ampliada a su vez los días 5 y 11 de mayo.
SIGUE EL “FLUJO DE INFORMACIONES”
El PP señala que en esta última semana ha continuado el “flujo de informaciones” sobre el patrimonio de Bono y su “relación presuntamente irregular” con el promotor Rafael Santamaría. Para ello, cita noticias de 'La Gaceta', 'El Confidencia.com', 'El Mundo y 'El País' relativas a vínculos patrimoniales con determinados patrocinadores de la Hípica Almenara o a la relación de su familia con el constructor, entre otras.
Destaca que estas informaciones “vienen a ahondar, con aportación de nuevos datos hasta ahora ignotos, en la desconcertante” situación patrimonial de Bono. Además, resalta el hecho de que “la mayoría” de los medios se haya sumado a “la campaña de transparencia” que inició el Grupo Intereconomía, algo que, prosigue, evidencia “un patente incremento del interés social que está generando este asunto” y que exige un “mayor esfuerzo” por parte de todos y, en especial de la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos.
El PP hace hincapié en que alguno de los medios emplea la palabra “ocultó” al hablar de este caso, lo que “de manera clara y directa cuestionan la pregunta irregularidad de las actuaciones del presidente del Congreso”. Es más, dice que “alguno” de los periodistas se cuestiona también si a las actuaciones de Bono cabría aplicarle la doctrina que sobre el cohecho pasivo impropio“ estableció recientemente el Supremo en el caso de los trajes.
El partido de Mariano Rajoy considera que, de “resultar ciertas las conductas y hechos que vienen difundiendo la inmensa mayoría de los medios de comunicación, podrían ser constitutivos de delitos” porque las informaciones hablan “directamente de ocultaciones patrimoniales” así como de “relaciones presuntamente irregulares” con un constructor. Si se confirman, continúa, afectarían “sin lugar a dudas al ejercicio de la función pública desarrollada” por el presidente del Congreso.
ADJUDICACIONES A REYAL URBIS EN C-LM
Por todo ello, el PP recalca que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción es “imperativa” y “urgente” para esclarecer unos hechos que, a su entender, están provocando “la alarma social en una ciudadanía que no llega a entender la falta de transparencia” en este asunto que afecta a la cuarta autoridad del Estado y en el que “socialmente ya se empieza a cuestionar el alcance jurídico-penal de los hechos”, sin que actúe la Fiscalía y los órganos encargados de evaluarlo.
Como ya hizo en su otro escrito de ampliación de denuncia, el PP quiere que se le entregue el escrito inicial que el presidente de la Cámara Baja dirigió al Ministerio Público (incluidos los anexos que hubiera enviado) en el que hacía una relación de todo su patrimonio.
También solicita de nuevo que se ordene a la Fiscalía Anticorrupción que recabe de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha información de todas las adjudicaciones de “contratos de obras, servicios o cualquier beneficio urbanístico” concedidas en los últimos diez años a la empresa Reyal Urbis o a cualquier otra empresa de Rafael Santamaría en la que este constructor haya tenido participación mayoritaria o de control.