El colectivo de arqueología social Imastanen denuncia una nueva agresión al patrimonio del sur de Tenerife, en este caso en el barranquillo de La Solapa, en Granadilla, un área catalogada como Paisaje Natural Protegido que cuenta con las emblemáticas montañas de Ifara (declarada BIC) y Los Riscos. El grupo que encabeza Sixto García fue avisado por unos vecinos del municipio de que había maquinaria pesada trabajando en este espacio, cerca de la autopista TF-1. Allí comprobaron cómo unos operarios, mediante una pala retroexcavadora, estaban modificando parte de unas cuevas artificales “de gran valor etnográfico y arqueológico”. Según el colectivo, se estaba obteniendo grandes piedras con esa acción para bloquear el acceso a algunas de estas concavidades, cuyo número se eleva a una treintena de yacimientos registrados.
Los miembros de Imastanen recuerdan que, “pese a las promesas e intenciones de convertir este rico espacio ambiental y patrimonial en un parque arqueológico, lo cierto es que siguen pasando los años sin que dicho proyecto se convierta en una realidad” y, ahora, el lugar sufre “todo tipo de atentados medioambientales y patrimoniales, proliferando en los últimos años las pistas para tráfico rodado que suponen cicatrices sobre el paisaje, desfigurando barrancos que contienen formaciones geológicas de gran interés científico, además de una riqueza faunística y botánica altamente amenazada”.
Además, recuerdan que cerca de estas cuevas se encuentra “una era y varias estaciones de cazoletas y canalillos, además de gran cantidad de material en superficie, fondos de cabañas, grabados rupestres, valores etnográficos y otras cuevas de factura indígena (guanche) que, pese a su reutilización tradicional durante los siglos posteriores a la conquista, contienen un gran valor arqueológico que, sin embargo, nunca se ha investigado”.
El colectivo denuncia no solo la destrucción de parte del risco para extraer dichas rocas de gran tamaño, sino que se bloquee el acceso a las cuevas. “Todo ello sin señalización o identificación alguna que indicase la naturaleza de los trabajos en curso, tal y como exige la ley, y más teniendo en cuenta la fragilidad del paraje en el que se desarrolla una intervención tan agresiva sobre el medio natural”.
Ante estos hechos, informaron a las autoridades, “avisando como de costumbre al área de Patrimonio del Cabildo, así como al ayuntamiento de Granadilla y la Policía Autonómica. Tras recabar más información, conocemos que las cuevas afectadas tienen propietario y que fue este quien dio la orden de taponarlas de esta manera tan dañina, mediante una intervención que entendemos del todo inadecuada. Las razones detrás de este atentado contra el patrimonio, más allá de que se justifiquen una vez más bajo el argumento del interés privado, parece derivarse del hartazgo del dueño de las cuevas a causa de la continua presencia de personas provenientes de Europa, que vienen ocupándolas junto a otras en las comarcas de Abona y Arona. Una práctica extendida que continúa produciéndose gracias a la falta de control y protección de aquellos espacios naturales en donde aún sobreviven vestigios de nuestra antigüedad”.
Viviendas “gratuitas”
Según denuncian, “los ocupantes extranjeros, que eligen como vivienda sin costes espacios tan valiosos y sensibles como son las cuevas de alto valor arqueológico y etnográfico, se convierten en la práctica en una gran amenaza, no solo para los valores patrimoniales -al realizar obras de acondicionamiento e intervenciones de todo tipo, que en muchos casos acarrea daños irreversibles sobre yacimientos guanches, que aún hoy continúan sin protección alguna-, sino para el propio medio natural, acumulando basura y desperdicios. Ya hace casi un año de cuando nuestro colectivo avisó al Seprona y a otras autoridades responsables tras detectar otra serie de cuevas en la misma zona que se habían convertido en viviendas de extranjeros que, además, se permitían amenazar y amedrentar a cuantos paseantes decidieran disfrutar de los senderos que atraviesan este maravilloso paisaje del sur de la Isla”.
El grupo se queja de que “estos individuos se habían adueñado del barranco y sus cuevas, al punto de llegar a amenazar con perros, gritos y actitudes agresivas a los canarios y canarias que se acercaban al lugar para disfrutar de un paseo. Nunca obtuvimos respuesta ni comprobamos actuación pertinente de autoridad alguna”, critican. Tras los hechos de la semana pasada, señalan que pasaron 24 horas para que acudiera “un solo agente de la Policía local, quien, dado el tiempo transcurrido desde el aviso hasta su aparición en el lugar, ya no encuentra actividad, habiéndose retirado los trabajadores, los contenedores de escombros y la pala excavadora. Sólo vio las cuevas tapiadas de forma demoledora y el daño irreversible ya ejecutado”.
Visita tardía y pendientes de si habrá o no sanciones
Según explican, “la presencia de la retroexcavadora y los operarios se podía observar con claridad desde la autopista, al encontrarse trabajando a pocos metros. Trabajaron durante al menos tres días sin que nadie se alarmarse, hasta que este colectivo se apercibe, dando inicio al protocolo que seguimos para este tipo de atentados contra el patrimonio. Desconocemos si estos daños sobre el patrimonio de todos y todas las canarias, independientemente de que se trate de un terreno con dueño particular, serán motivo de sanción y si se buscará al responsable para que responda ante la ley. La confusión y la descoordinación entre los órganos competentes del Cabildo insular y los diferentes ayuntamientos favorece que los tiempos de reacción permitan, en la gran mayoría de casos, que este tipo de daños gocen de impunidad y queden sin castigo”.
A su juicio, y tras denunciar hace meses las consecuencias de un campeonato nacional de tiro en esta zona, con infinidad de restos de platos de cerámica en un espacio protegido también denunciado por Canarias Ahora, “el motivo principal para el reiterado incumplimiento de la Ley 11/19 del Patrimonio Cultural de Canarias por parte de los propios gobiernos de la isla estriba en la falta de coordinación entre las diferentes administraciones responsables. Unos y otros se excusan en la falta de medios técnicos que posibiliten actuaciones en el marco de dicha ley, señalándose entre sí y lamentando la imposibilidad de actuar sobre casos concretos debido a la sobrecarga de trabajo y cuestiones burocráticas que afecta a los empleados públicos en este área tan delicada. Entendemos que esta carencia de medios, así como la notable descoordinación existente entre unos organismos y otros, viene provocada por una tendencia histórica a ignorar ciertas cuestiones, y más concretamente todo aquellas que tengan que ver con la conservación ambiental y el legado patrimonial indígena, básicamente por ausencia de voluntad política por parte de los cargos electos, independientemente de su color político, una vez acceden al poder”.