Las Chumberas también enredan a Clavijo: pagó fuera de convenio mientras maquinaba ayudas a afectados afines

La gestión de los fondos que ha recibido el Ayuntamiento de La Laguna para la reposición de las viviendas del barrio de Las Chumberas, afectadas por aluminosis (alteración del hormigón que lleva a su pérdida de resistencia) sigue en entredicho. El Consistorio no ha justificado la mayor parte de los 25 millones que ha recibido de distintas administraciones. No obstante, el caso no solo enreda al actual regidor, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), sino al anterior y actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Según se refleja en uno de los informes de intervención del Cabildo de Tenerife, se realizaron actuaciones en este barrio contempladas en el objeto del convenio entre el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Consistorio, pero sin que este se hubiera firmado aún, es decir, antes de noviembre de 2011.

“Sigue sin resolverse el régimen jurídico y tratamiento que tendrían las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de La Laguna en relación con las actuaciones contempladas en el objeto del convenio, pero realizadas con anterioridad al 18 de noviembre de 2011, fecha de su suscripción”, detalla el informe de intervención del Cabildo de Tenerife, que fue solicitado por Podemos. Entre esos objetivos del convenio se encuentra la demolición de 42 bloques con 668 viviendas, que aún no se ha producido, el realojo temporal de los vecinos que lo necesiten, la reubicación de los negocios que se encuentren en esos edificios o la edificación de las nuevas viviendas.

Las actuaciones llevadas a cabo antes de la firma del convenio coinciden con las que se destaparon en la pieza 22 del caso Corredor. Es decir, en 2010 se tramitó el realojo de vecinos afectados por aluminosis en sus casas, pero las escuchas de la Policía reflejaron cómo la entonces concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez (ahora viceconsejera de Medio Ambiente), advertía al exalcalde Fernando Clavijo de que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por la forma de tramitar las subvenciones.

Y es que, entre esos vecinos, había algunos que sobrepasaban los límites socioeconómicos establecidos para las ayudas y que aparecían en esas conversaciones telefónicas entre Pérez y Clavijo, tales como Ricardo González Martín, portavoz de la plataforma de afectados de Las Chumberas, o la exconcejala del PSOE en La Laguna María José Castañeda. De hecho, para que esta última pudiera acceder a esta ayuda decidieron promover una subvención que no tuviera limitación de ingresos, según se desprende de esas escuchas.

La mencionada pieza 22 del caso Corredor, sin embargo, se acabaría archivando en 2016, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas desde el 21 de septiembre de 2010 en adelante por un defecto formal en la instrucción.

Los informes de intervención del Cabildo de Tenerife recogen que en ese convenio del año 2011 se decidió que la Sociedad Municipal de La Laguna (Muvisa), de capital íntegro municipal, actuara como gestora de las actuaciones, realizara los proyectos de ejecución de obras y otros trámites. Una empresa que ha sido tomada recientemente por la oposición en La Laguna después de que no haya justificado a dónde ha ido a parar el dinero que se ha ido abonando todos estos años. Además, según publicó 'Diario de Avisos', el 30% del sueldo del gerente de esta entidad municipal se carga a Las Chumberas.

Hasta cinco informes desfavorables de intervención

Los informes de intervención del Cabildo de Tenerife se pronunciaron hasta en cinco ocasiones de forma desfavorable a realizar pagos al Ayuntamiento de La Laguna, precisamente por no haber justificado en qué se había gastado las transferencias anteriores. En dos de ellos, además, se incluye una nota de reparo en la que se insiste en esa falta de justificación de los fondos. De hecho, uno de los requisitos del convenio era que las aportaciones de la corporación insular se realizarían previa justificación de los gastos que se produjeran en la anualidad anterior.

En uno de estos informes, de marzo de 2015, se hace hincapié en que se desconoce si existen estudios sociales y económicos de las familias y personas afectadas que permitan constatar que todas las personas afectadas pueden ser beneficiadas de las nuevas viviendas que se construirán en régimen de protección oficial. En el mismo sentido, destaca que continúa asumiéndose el importe global de la subvención en realojos y medidas de seguridad sin que se tenga aún constancia de una fecha para la demolición, unas actuaciones que además se encuentran condicionadas a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna.

En esos informes también se refleja que existen dudas razonables de que se pueda cumplir con el cronograma de actuaciones fijadas en el convenio plurianual con el Ministerio, que recogía que en diciembre de 2016 tendrían que estar finalizadas y justificadas las obras. Una fecha que entra en contradicción con la recogida en el convenio entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que destaca que el plazo de justificación sería el 30 de junio de 2017.

Sin embargo, casi diez años después, los vecinos y vecinas de Las Chumberas siguen prácticamente en la misma situación y así lo han hecho saber al alcalde y a la oposición. Las dudas sobre la gestión de estos fondos persisten y, para tratar de aclararlas el pleno de La Laguna aprobó este jueves una auditoría de la empresa municipal Muvisa.