Santa Brígida aprueba por unanimidad incoar el expediente del 'mamotreto'
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santa Brígida aprobó este jueves por unanimidad incoar el expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato formalizado en noviembre de 2002 con UTE Santa Brígida para la construcción del centro comercial situado en el casco de la villa y conocido popularmente como el mamotreto.
Tanto el grupo de gobierno conformado por Ando Sataute, Unidos por Gran Canaria, Nueva Canarias, PSOE y CCD, como los partidos de la oposición PP, Cambio por Sataute y Ciudadanos, votaron a favor de esta iniciativa.
Esta votación es un paso más para el objetivo que se ha marcado del Ayuntamietno de acudir al Consejo Consultivo de Canarias para que emita un informe que dilucide si se da lugar a la nulidad del expediente o no. En caso de que el dictamen sea favorable, el Ayuntamiento podrá recuperar la parcela e intentar poner fin a la parálisis que afecta a esta obra y por la que la Corporación, en sentencia firme del Tribunal Supremo, está condenada a pagar una indemnización de ocho millones de euros y unos tres mil euros diarios, por lo que se considera urgente dar respuesta a esta situación administrativa.
El objetivo principal del grupo de gobierno se centra en poner fin a la parálisis de este proyecto, que lleva más de una década con su imagen de abandono y falta de alternativa en el municipio.
“El inicio del fin”. Con estas palabras definió el alcalde satauteño, José Armengol Martín, la aprobación de esta acción. Con ello, cree que los grupos de gobierno municipal reflejaron el “sentir de la sociedad de Santa Brígida” por la necesidad de acabar con la inacción del Ayuntamiento ante un asunto que ha costado a los vecinos una condena millonaria que suma cada día 3.000 euros en indemnizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE).
La portavoz del grupo Cambio por Sataute, Guadalupe del Río, solicitó durante el pleno que se ampliaran los informes jurídicos que conforman el expediente, en particular el que realizaron los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria y el del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Adolfo Jiménez Jaén.
Juan José Pons, concejal de Ciudadanos, hizo hincapié en el aspecto político de esta decisión, al señalar que con ella “se pone punto y final al inmovilismo y se abre el camino que va por la defensa del interés general”.
Oneida Socorro, edil del CCD, añadió que “queda mucho camino pero ya es el inicio que todos esperamos”. Mientras que el concejal de Nueva Canarias, José Luis Álamo, calificó el acuerdo como una iniciativa que puede dar “esperanza a la sociedad satauteña”.
El concejal del PSOE, Lucas Tejera, quiso recordar a “todos los que han luchado y apoyado acabar con esta situación”, al considerar que es un “día importante porque pasamos al movilismo”.
Por su parte, Unidos por Gran Canaria, a través de su concejal Alexis Martín, puntualizó que “echamos en falta más claridad en las causas de nulidad del contrato”, si bien aprobaron el acuerdo porque “es un momento clave tras doce años de parálisis”.
