Santa Brígida acuerda iniciar el expediente para rescatar la obra del ‘mamotreto’
El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida - formado por los concejales de ANDO Sataute, Unidos por Gran Canaria, PSOE, Nueva Canarias y CCD - ha acordado elevar al pleno la aprobación del expediente por el que se pretende rescatar la construcción paralizada del centro comercial, conocido como mamotreto, desde hace once años.
El Consistorio recuerda en un comunicado que los trabajos suspendidos afectan a la parcela más valiosa y céntrica del municipio, donde se levanta la estructura del edificio proyectado para aparcamientos, zona comercial, multicine y plaza pública.
El alcalde satauteño, José Armengol, explicó este viernes en una rueda de prensa los contenidos de los informes realizados por diferentes técnicos y expertos, que fueron encargados al inicio del mandato. El objetivo principal del grupo de gobierno se centra, explicó, en poner fin a la parálisis de este proyecto, que lleva más de una década con su imagen de abandono y falta de alternativa en el municipio.
El próximo paso consistirá en la celebración de un Pleno Municipal en el que se llevará el acuerdo de remitir al Consejo Consultivo de Canarias los expedientes, para que dictamine con carácter preceptivo si es procedente la incoación del expediente de nulidad del contrato que vincula al Ayuntamiento con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida.
En caso de que el dictamen sea favorable, señala, el Ayuntamiento podrá recuperar la parcela e intentar poner fin a la parálisis que afecta a esta obra y por la que la Corporación, en sentencia firme del Tribunal Supremo, está condenada a pagar una indemnización de ocho millones de euros y unos tres mil euros diarios, por lo que se considera urgente dar respuesta a esta situación administrativa.
El gobierno municipal cuenta con cuatro informes técnicos y jurídicos que sustentan la tesis de recuperar este espacio para dar un nuevo impulso al desarrollo económico, urbanístico y social de Santa Brígida. La Adminsitración municipal lamenta que el freno que ha supuesto este proyecto, complicado por sentencias que “reconocen una inadecuada gestión administrativa y la inadecuación a las Normas Urbanísticas de los cambios de uso en el proyecto planteados por la Unión Temporal de Empresas”.
Asimismo, indica que las distintas organizaciones políticas representadas en la Corporación han recibido esta semana un escrito de la UTE que insiste en sus tesis respecto a que es la perjudicada por la “tortuosa historia administrativa de este proyecto”. Ademñas, asegura haber sufrido pérdidas económicas por lucro cesante que han sido reconocidas por sentencia firme en el Tribunal Supremo. El Grupo de Gobierno, por su parte, considera que este escrito es “una clara amenaza que pretende impedir la iniciativa municipal para iniciar un expediente que dé respuesta a la situación y que los argumentos del representante de la UTE son contradictorios y parciales”.
En el escrito remitido por el abogado de la UTE, continúa el Ayuntamiento, se descalifican los informes realizados por el experto y profesor de Derecho, por el gabinete jurídico del Cabildo de Gran Canaria, así como los técnicos municipales, al señalar que “La emisión de informe jurídico por el Cabildo Insular de Gran Canaria cuando el Ayuntamiento de Santa Brígida tiene una población cercana a los 20.000 habitantes, y cuenta con servicios propios, sin que éstos hayan solicitado el auxilio de servicios jurídicos externos deja un hedor de informe ‘a la carta’”.
Si bien más tarde, continúa, culpa al propio Ayuntamiento y a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de los errores y fallos que dieron lugar a la parálisis de la obra, al señalar que “La administración olvida que la situación actual es fruto del incumplimiento de su obligación de desarrollar los trámites a los que se obligó en los acuerdos plenarios de 4 de agosto de 2004 y 28 de julio de 2005, por lo cual ya ha sido condenada en sentencia firme y con eficacia de cosa juzgada por la Sala de lo Contencioso del TSJC”.
