La jueza solicita al TSJC la imputación de Fernando Clavijo por el caso Grúas

La jueza del caso Grúas, Celia Blanco, solicitó este martes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que cite como investigado (imputación) a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno autonómico. Ahora la pelota está en el tejado del fiscal del máximo tribunal canario, Demetrio Pintado, que debe decidir si da o no el paso de remitir esa imputación a la Sala de lo Penal del alto tribunal y, con ella, desatar una verdadera tormenta en el mapa político del Archipiélago. Hay que recordar que tanto PSC como Podemos han insistido en la oportunidad y necesidad de una moción de censura si Clavijo es llamado a declarar en calidad de investigado.

La exposición razonada de la juez se apoya en el informe realizado por Santiago Sánchez, fiscal del Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, en el que se indican indicios delictivos en la actuación de Clavijo cuando ostentaba el cargo de alcalde de la localidad lagunera. Según este informe, Clavijo podría haber incurrido en hechos de malversación y prevaricación en la prórroga del servicio a la empresa Autogrúas Poli y en la concesión de un préstamo.

El fiscal del TSJC tiene en sus manos el futuro político y judicial del presidente canario, candidato declarado a la presidencia por Coalición Canaria en la cita electoral de 2019. Si el fiscal decide seguir adelante, será la Sala de lo Penal del alto tribunal autonómico quien decida si Clavijo se enfrenta a las próximas elecciones con la vitola de investigado. Septiembre será un mes clave para conocer la evolución del caso.

El caso Grúas es una causa que tuvo que reabrir (por mandato de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante el auto 699/2017) el juzgado de Instrucción 2 de La Laguna. La titular del mismo, la magistrada Celia Blanco, archivó en junio pasado la denuncia interpuesta unos meses antes (abril de 2017), por Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez, concejales que ejercen la oposición en el consistorio lagunero en nombre de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unidos Se Puede.

Los denunciantes se opusieron al archivo y sobreseimiento provisional y sus recursos fueron admitidos por la sección segunda de la Audiencia Provincial. Ahora, los magistrados de Lo Penal del TSJC decidirán si hay o no caso, y si investiga o no al aforado Fernando Clavijo. El Fiscal jefe del Alto Tribunal, Vicente Garrido, informará al respecto, aunque su informe no es vinculante.

El grueso del asunto radica en un posible trato de favores. Para entenderlo hay que regresar a esa etapa inicial de Clavijo como concejal de Seguridad Ciudadana. El 6 de octubre de 2003, a los pocos meses de acceder a ese cargo, Clavijo formuló una propuesta relativa a la gestión pública del servicio de recogida de vehículos en la vía pública, ya que en su opinión ese servicio y su deposito no daban satisfacción a las necesidades que se planteaban; no se daba cobertura a la totalidad del municipio y además, había que echar mano de empresas privadas para dar abasto en la zona centro, que por aquel entonces no estaba peatonalizada.

La propuesta de Fernando Clavijo fue la externalización del servicio mediante una concesión del mismo con una vigencia equivalente a la amortización de los vehículos grúa y sin incorporar personal municipal.

Un crédito con el interventor en contra

Los hechos se remontan a 2014, cuando Clavijo era alcalde y autorizó un crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli, SL, lastrada entonces por las dificultades económicas -entre otras razones por el retraso en los pagos del propio Ayuntamiento-, ya había quedado en manos de un grupo de trabajadores de la misma entidad, la mayoría de ellos amigos del propio Clavijo.

En su escrito del 27 de julio de este año, el fiscal considera que, aunque el crédito fuera luego devuelto al Ayuntamiento, la actuación de Clavijo supuso “una total ausencia de tutela del patrimonio público, al autorizar el citado préstamo sin regulación legal, plazo y fianza para garantizar su devolución” y “siendo totalmente conocedor de ello dispuso [de los fondos] apartándolos de su destino publico y beneficiando única y exclusivamente a un particular”

Los siete trabajadores que acabaron siendo dueños de Autogrúas Poli declararon en 2012 en un juzgado que, “a efectos de notificación”, esta empresa tenía su sede justo en el mismo edificio donde está el domicilio social de la gestoría que perteneció a Clavijo, Administración Ecológica. Cinco de esos empleados, luego reconvertidos a empresarios, confesaron ante la jueza que conocen al mandatario por la práctica del kárate (algunos dijeron conocerlo desde niño o como adolescente) o por trabajar juntos en la multinacional francesa de bricolaje Leroy Merlin, donde Clavijo estuvo empleado como jefe de sección.

El propietario inicial de Autogrúas Poli, José Padilla, vendió la empresa en 2011 y, años después, declaró ante la Guardia Civil que había sido coaccionado por Clavijo, siendo este ya alcalde, para que la concesión quedara en manos de un grupo de trabajadores con vinculación “directa o indirecta” con el regidor municipal.

En 2014, el Gobierno municipal asumió temporalmente el servicio y, para ello, nombró a dos funcionarios como interventores, que comprobaron que la empresa privada adeudaba 300.000 euros, Autogrúas Poli acumulaba impagos de nóminas, carecía de la tarjeta de transporte obligatoria para poder operar con sus vehículos y los mantenía en mal estado. Tal es así que, en abril de ese año, los interventores concluyeron que la empresa no se encontraba en condiciones de seguir prestando el servicio y que había cometido “faltas muy graves o gravísimas” del contrato.

Como apreció la Audiencia Provincial cuando ordenó reabrir el caso, el Ayuntamiento pagó un importe de la deuda que arrastraba la empresa justo en el momento en el que se transmitieron las participaciones de la mercantil a ese grupo de trabajadores y permitió que se incumpliera el pliego de condiciones con que se adjudicó el servicio, al producirse la operación de compraventa de Autogrúas Poli sin antes comunicarla a la Administración municipal, sin que los nuevos socios estuvieran en posesión de la autorización administrativa de transporte (algunos vehículos incluso no habían pasado la ITV) o sin que hubieran acreditado estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social.

Comoquiera que el interventor general del Ayuntamiento se oponía al préstamo que promovió Clavijo, el entonces alcalde, para avalar el levantamiento del reparo, recurrió a sus juristas externos de cabecera, los catedráticos de Derecho Administrativo en la ULL Francisco Villar (a quien luego como presidente del Gobierno regional encargó coordinar la redacción de una polémica Ley del Suelo, hoy en vigor) y Francisco Clavijo (primo del padre del presidente canario). El coste de sus honorarios para las arcas públicas rondó los 10.000 euros.

Luego, los amigos de Clavijo acabaron vendiendo Autogrúas Poli a un empresario, José Luis Tacoronte (casualmente conocido por Antonio Vera, uno de los interventores del servicio), que pagó un simbólico euro, pero a cambio de enjugar la deuda de la empresa, 715.215 euros. De paso, se quedó con la concesión del servicio, ya prorrogada.

Clavijo se defiende y CC lo arropa nombrándolo de nuevo candidato

Cuando se conoció el escrito del fiscal pidiendo su imputación, el ahora presidente del Ejecutivo canario afirmó, en su defensa, que tiene la “firme convicción de haber actuado en función del interés general de los ciudadanos”, porque solo buscó garantizar la continuidad del servicio de grúas, “sin ningún tipo de quebranto económico para las arcas municipales” y todo ello, dijo, “con el visto bueno de los funcionarios y de los asesores”.

Coalición Canaria ha cerrado filas en torno a Clavijo, a quien ya ha designado de nuevo como candidato a la presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones de 2019. En un comunicado divulgado a finales de julio, CC sostiene que si su líder regional acude al juzgado será “una oportunidad” para aclarar su gestión en este expediente sobre su época de alcalde en La Laguna.

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que Clavijo se acerca a unas elecciones con la justicia al cuello. Ya en 2015 se libró, in extremis, gracias a que una juez sustituta sobreseyó una pieza separada del llamado caso Corredor -en el que estaba imputado- a falta de menos de un mes para que comenzara la campaña electoral.