La Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planeamiento Territorial del Parlamento de Canarias ha dado su visto bueno a las modificaciones propuestas por el Gobierno regional a la Ley del suelo, a la Ley de la Agencia Tributaria Canaria y a la Ley del Patrimonio con vistas a dotar de mayor seguridad jurídica e introducir correcciones técnicas.
Este proyecto de ley, aún pendiente de aprobación definitiva por el pleno del Parlamento, procede de un decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias en mayo de 2022 y que el Parlamento convalidó en junio, si bien decidió asumir su tramitación para introducir algunas modificaciones que en general han contado con el respaldo general de los grupos.
En la modificación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias se precisan los efectos del silencio administrativo en el caso de la legalización de las explotaciones ganaderas.
De esa manera, el silencio administrativo de la Dirección General de Ganadería en la emisión de informes tiene carácter positivo en cuanto a la continuación de expediente pero tiene carácter negativo en el caso de la resolución final, según explicó la diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez.
Con las modificaciones normativas, también se aclaran dudas sobre las competencias de los planes de ordenación de los recursos naturales, que corresponden a los cabildos, aunque en caso de que no realicen esos planes la Comunidad Autónoma puede recuperarlos solo para la gestión de ese supuesto.
El Parlamento ha acordado la creación de un instrumento de colaboración interadministrativa entre el Gobierno y los cabildos para impulsar el planeamiento de los espacios protegidos, en caso de que haya corporaciones insulares que necesiten apoyo técnico o no tengan suficiencia financiera para proceder con sus competencias.
Otra novedad en este proyecto de ley es que se introducen medidas para agilizar la tramitación de las expropiaciones para proyectos de interés insular y regional.
Situación en La Palma
En cuanto a la situación generada en la isla de La Palma por la erupción volcánica, el proyecto de ley precisa un régimen específico para la declaración de ruina de las viviendas afectadas.
La modificación de la Ley de la Agencia Tributaria Canaria tiene que ver con la agilización y control de los fondos europeos y con la disposición de patrimonio propio por este organismo.
El proyecto de ley en trámite tiene una denominación extensa, “más larga que un día sin pan”, en palabras de la diputada de Nueva canarias Esther González, a pesar de que ha sido simplificado en el Parlamento con respecto al título remitido por el Gobierno.
Ahora se denomina “Proyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y otra normativa sobre suelo, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
El título original del decreto del Gobierno era “Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente, la disposición adicional 23ª relativa a la legalización territorial de las explotaciones ganaderas, los artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una disposición transitoria 25ª, relativos a los planes de ordenación de los recursos naturales, así como se modifica la disposición adicional segunda del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias”.