Ocho millones de expedientes ocupan un espacio de aproximadamente 650.000 metros cuadrados.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)
El 'apagón analógico' de la Justicia en España permitirá ahorrar 14,4 millones de euros y 1,4 millones de horas al año en el sistema gracias al expediente judicial electrónico o digital, cuya digitalización evitará gastar hasta 114 millones de euros anuales en costes de archivo físico y de conservación del papel.
Así se desvela en el informe 'Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la justicia del futuro', presentado esta semana en Las Palmas de Gran Canaria y realizado por Telefónica, con la colaboración del Observatorio de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer.
Dicho estudio se centra en los necesarios cambios técnicos, organizativos y administrativos encaminados hacia un modelo de Justicia en Red, ante el notable aumento de la litigiosidad en España, con más de nueve millones de asuntos ingresados y resueltos en el año 2008, frente a los siete millones registrados en 2003.
El informe apunta que la justicia del futuro tenderá a ser sin papel (o con cada vez menos papel) y que, además, deberá ser accesible e interoperable. Por ello considera vitales: la digitalización de la información disponible, un expediente judicial digital asociado al uso de la firma electrónica, una automatización de la gestión procesal, la dotación de mecanismos de integración de sistemas y el impulso de la videoconferencia, así como la grabación de juicios.
El documento resalta que los instrumentos tecnológicos imprescindibles para hacer factible la implantación del expediente electrónico son la digitalización --especialmente en los registros civiles--, la disponibilidad de redes con alta capacidad de ancho de banda y la firma electrónica.
MENOS TIEMPO DE CONSULTA
No en vano, la implantación del expediente electrónico proporcionará mejoras y ventajas, entre las que destacan la digitalización de los documentos, con una consecuente reducción de costes de manipulación de papel y almacenamiento de expedientes y una reducción de tiempo al buscar y crear nuevos archivos.
De hecho, el tiempo de consulta de un documento electrónico es de 30 segundos, frente a los cuatro minutos de un documento en papel. El informe señala que hay una media de 8 millones de expedientes judiciales gestionados al año y una media de tres consultas de cada uno de los expedientes. Sólo el uso del documento electrónico para acceder a los mismos supondría un ahorro total en el sistema de 1,4 millones de horas y 14,4 millones de euros.
Igualmente, el coste asociado a la búsqueda de un documento digital asciende a 8 céntimos frente a los 68 de la búsqueda de un informe en formato papel.
AHORRO DE 120 MILLONES EN MANTENIMIENTO
Ocho millones de expedientes ocupan un espacio de aproximadamente 650.000 metros cuadrados. El coste de mantener un expediente es de unos 15 euros al año, lo que supone unos 120 millones de euros al año. Si se digitaliza toda esta información se reducirían los costes de archivo físico, así como los asociados a la conversión del papel hasta en un 95 por ciento, lo que permitirá ahorrar hasta 114 millones de euros.
Según datos del Primer Barómetro de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer 2009, un 71 por ciento de los encuestados cree que para mejorar el servicio de justicia hay que mejorar los medios técnicos de los juzgados ya existentes, mientras que un 14 por ciento aboga por incrementar el número de juzgados y un 14 por ciento reclama ambas medidas.
Asimismo, para un 62 por ciento es más importante primar que un proceso se lleve a cabo de forma rigurosa, mientras que un 24 por ciento prefiere que se resuelva muy rápidamente y un 13 por ciento las dos cosas.
URGE UN PACTO DE ESTADO
Una reciente encuesta de 2009 elaborada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española (realizada sobre 5.243 ejercientes) revela que el 88 por ciento de los abogados cree que el actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave, y el 83 por ciento añade que no ha mejorado o que ha empeorado en los últimos años.
Igualmente, para el 86 por ciento la forma en que está organizada la Justicia en España “se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una del siglo XXI”.
El 87 por ciento de los abogados estima que los Gobiernos, del signo que sean, muestran más interés en tratar de controlar la Justicia o influir sobre ella que en emprender una mejora que la modernice y la haga plenamente eficiente.
Además el 85 por ciento señala que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente podrá gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la justicia.
Asimismo, para el 63 por ciento, la Justicia ha tendido siempre a organizarse y funcionar de la forma que resultaba más conveniente para jueces y juristas y no del modo en que podía resultar más cercana y útil a la ciudadanía.
Los letrados consideran que el problema está en la organización del sistema (70%) y el 99 por ciento de ellos cree que se necesita con urgencia un pacto de Estado que posibilite la remodelación profunda e inmediata de su funcionamiento.
LA EXPERIENCIA CANARIA
El informe 'Las TIC en la justicia del futuro' recoge la aplicación de las nuevas tecnologías en las comunidades autónomas que tienen transferida dicha competencia. Así, recuerda que en Canarias el sistema procesal Atlante fue adjudicado a la empresa Accenture en el año 2001 y desde entonces ha estado en evolución constante, tanto en su primera versión, Atlante I, como la nueva versión Atlante II.
Esta última se encuentra en producción en el orden jurisdiccional contencioso -administrativo y en proceso de implantación en los demás órdenes jurisdiccionales de las islas, así como ha comenzado ya con los partidos judiciales mixtos.
La nueva versión Atlante II supone un salto cualitativo en el conjunto de servicios facilitados al entorno de la justicia en Canarias, implantando servicios web, incorporando alarmas de tramitación de los procedimientos y, sobre todo, sentando las bases del piloto de tramitación con firma electrónica.