Un antiguo propietario de los terrenos situados en el frente de Las Teresitas tendrá que pagar alrededor de 100.000 euros por haber eludido sus obligaciones fiscales tras la venta de estos solares en el año 1998 a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT).
El Tribunal Supremo (TS) viene así a ratificar otro fallo anterior del año 2006 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que se condenaba a este propietario, cuyo nombre es Francisco Delgado Delgado, al pago de 66.416 euros más otros 14.100 en concepto de intereses de demora.
El TSJC daba la razón a una resolución del Tribunal Económico Administrativo de Canarias (TEAC) que había detectado diversas irregularidades en la declaración frente Hacienda de este antiguo propietario correspondientes al abono del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) del año 1998. A la cifra inicial fijada por el TSJC habrá que sumarle ahora los intereses de demora y las costas judiciales, con lo cual la cantidad a pagar se acercará a los 100.000 euros. Esta es la segunda sentencia que emite el TS en menos de un año sobre la misma cuestión, aunque en la anterior la sanción rondaba los 70.000 euros.
En todos los casos la cuestión de fondo sigue siendo la misma. Tal y como se determinó durante las investigaciones realizadas en la pieza separada del caso de Las Teresitas que analiza todo lo ocurrido con los propietarios que formaban parte de la Junta de Compensación y de la empresa Playa de Las Teresitas SA, el directivo y abogado de ambas entidades, Mauricio Hayek, imputado por apropiación indebida, ideó una estrategia de cara a supuestamente eludir las obligaciones fiscales de los particulares y las entidades mencionadas. De esta manera mientras los primeros alegaron que los beneficios obtenidos por la venta debían ser consignados a cargo de la Junta y la empresa, estas dos últimas defendían que eran incrementos de patrimonio de cada uno de los miembros.
El resultado es que desde que empezó la actividad investigadora de Hacienda ha recaído una cadena sucesiva de condenas contra los antiguos dueños por eludir sus obligaciones fiscales, a la vez que los directivos han sido objeto de la presentación de reclamaciones que en algunos casos alcanzan los once millones de euros. Además, a Hayek se le han inmovilizado un total de 7 millones, que es la cifra que se supone que defraudó a los propietarios originales tras la venta a ILT por algo más de 30 millones de euros.
Delgado Delgado, precisamente, alegó en su defensa que es parte en la querella criminal interpuesta contra los antiguos directivos de la Junta y de Playa de Las Teresitas SA cuyos componentes eran prácticamente los mismos. De hecho, en la pieza separada se justifica la creación de esta última entidad como una argucia para vender los terrenos, ya que el fin de las juntas únicamente es reunir a los propietarios para ejecutar las obras de urbanización.
Los argumentos presentados por este propietario ante los tribunales son idénticos a los defendidos en los anteriores casos, aunque en esta ocasión también alegó que la deuda había prescrito por la inactividad de la administración durante cierto período de tiempo. Argumento que ahora ha sido descartado. De resto, al igual que en anteriores sentencias, el ex propietario sostiene que sus terrenos fueron cedidos a la empresa Playa de Las Teresitas SA y que en virtud del proyecto de reparcelación del año 1989, anulado posteriormente por los tribunales, recibió un coeficiente de participación que fue el que cobró cuando se concretó la venta. Por lo tanto considera que los administradores de las dos entidades son los que tenían que haber consignado estos beneficios como propios de las empresas y no de los particulares. Argumento que se repite, pero a la inversa, cuando los directivos se defienden ante los tribunales.
Pleno dominio
El Supremo, por segunda ocasión en menos de un año, vuelve a reiterar que la integración de Playa de las Teresitas S.A en la Junta de Compensación “no supuso una cesión o transmisión del patrimonio de aquella a esta última, por cuanto que la aportación a la Junta de los terrenos que pertenecían a los antiguos dueños no se tradujo en la transmisión del pleno dominio de los mismos, sino simplemente de la titularidad fiduciaria, que, en principio, era suficiente para permitir a la Junta actuar por sustitución de sus miembros y disponer de los terrenos para el cumplimiento de sus fines institucionales”.
El Supremo continúa alegando que “se produjo un negocio real de transmisión a la Junta de Compensación para que ésta pusiera los terrenos a disposición de quienes habían de ejecutar materialmente la urbanización y, en su caso, la edificación, y para entregar a la Administración los de cesión obligatoria y las obras o instalaciones que fueran de cargo de los propietarios, generándose así una atribución patrimonial a la Junta eficaz que le permitía contratar la ejecución de las obras, adjudicar parcelas, vender solares, concertar préstamos y demás siempre con sujeción al Derecho Privado”, reitera el Tribunal Supremo.
A su vez los administradores de Playa de Las Teresitas SA han venido alegando ante los tribunales sin ningún éxito que formaban parte de una comunidad de bienes y que por lo tanto no tenían personalidad jurídica, por lo que los ingresos debían ser declarados por sus componentes. Un argumento que el TS considera que “tampoco resiste el mínimo análisis”, ya que la entidad fue fundada como Sociedad Anónima.
El 19 de abril de 1964 se constituyó la Junta de Compensación de la playa. Cinco años más tarde, se puso en marcha Playa de Las Teresitas SA en escritura pública con aportaciones en metálico y de terrenos. El 9 de junio del año 1972 se amplió su capital incorporándose más propietarios. En 1987, se sustituyó el proyecto de reparcelación de los terrenos por otro de reparcelación económica, desapareciendo de esta forma la excesiva división de los solares y la dificultad de su posible enajenación.
El proyecto de compensación se aprobó definitivamente en 1989. Nueve años después, la Junta vendió a ILT los terrenos de la playa y aledaños por más de 30 millones de euros. La Junta procedió al reparto directo a cada uno de los miembros de su cuota de participación. Un paso que posteriormente la policía en el marco de las investigaciones por el conocido como 'caso de Las Teresitas' interpretaría como un intento de eludir las obligaciones de Hacienda.