Una auditoría realizada a las empresas públicas y demás entidades dependientes del Cabildo de Tenerife ha detectado incumplimientos de la ley en más de 200 contratos adjudicados en los ejercicios de 2017 y 2018. En el informe, según ha adelantado Mírame Televisión, también se alerta de irregularidades en la incorporación de personal a dedo y de un gasto injustificado con tarjetas de crédito que supera los 600.000 euros.
Los 216 procedimientos con anomalías señalados en el trabajo de fiscalización, elaborado por la empresa Peraza y Compañía Auditores SLP y al que se ha adherido el interventor general, suman un gasto total de 72,7 millones de euros. La cifra es engañosa si se tiene en cuenta que solo una de las adjudicaciones con irregularidades se llevó a cabo por algo más de 40 millones. Se trata del contrato firmado por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) con la entidad Enercon GMBH, encargada de la instalación y el mantenimiento de aerogeneradores en los parques eólicos.
Si se restan los contratos señalados en la auditoría que superan un importe de 500.000 euros, una decena en total, el gasto irregular de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife durante 2017 y 2018 se sitúa en 16,5 millones de euros. En el informe de fiscalización de los ejercicios 2015 y 2016, la cifra total del desembolso mediante adjudicaciones que incumplían la normativa vigente alcanzó los 18 millones.
La auditoría ha examinado los expedientes administrativos de 28 de las 30 empresas públicas y fundaciones dependientes del Cabildo. Dos de las entidades, Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y Auditorio de Tenerife, no han podido ser fiscalizadas porque ambas sociedades no facilitaron la “documentación suficiente ni adecuada” para que la empresa encargada de la fiscalización pudiera realizar el trabajo.
Las anomalías detectadas en los expedientes analizados se dividen en diez bloques: uso inadecuado del contrato menor, inexistencia de procedimiento, falta de justificación de la especificidad técnica, ausencia de retorno en contratos de patrocinio, fraccionamientos y prórrogas tácitas ilegales, indefinición en los criterios de la adjudicación, sobrecostes, convenios irregulares, negocios patrimoniales sin publicidad y omisión de los requisitos de solvencia.
Solo en el primero de los apartados, por incumplimientos en contratos menores, la auditoría detecta hasta 71 expedientes irregulares que suman un montante de 6,5 millones. Se trata de adjudicaciones en las que no se cumple alguno de los tres requisitos que permiten este tipo de procedimientos: un precio que no supere los 40.000 euros (para las obras) y los 15.000 euros (para servicios y suministros), motivar la necesidad y justificar que no exista fraccionamiento.
En el bloque de contratos gestionados como menores de manera incorrecta, la empresa del Cabildo con un mayor gasto irregular fue Balsas de Tenerife (Balten), con un total de 2,5 millones de euros. Llama la atención que se tramitaran por este vía, de ahí lo elevado de la cuantía, un contrato con Endesa Energía SA de 746.882 euros y otro con Elkagua SL de 376.660 euros. La segunda entidad es el ITER, con un desembolso cuestionado de 917.211 euros, y la tercera el Instituto Ferial de Tenerife, con 896.620 euros.
En tres contratos se abonó una cuantía superior al precio pactado, según el séptimo apartado del informe. La Fundación Canaria Insular Formación, Empleo y Desarrollo Empresarial (Fifede) ingresó 16.585 euros a la empresa Sales Up Canarias SL en 2018, cuando por adjudicación le correspondían 14.400 euros. Ese mismo año, Gestión Insular para el Deporte la Cultura y el Ocio (Ideco) contrató un servicio con la entidad Adecco por un importe máximo de 120.000 euros, pero cuyo coste final ascendió a 326.941 euros. También figura en la lista un procedimiento de 2017 con José Juan Fuentes Tabares SLU, que recibió 18.835 euros por un contrato valorado en 14.999 euros.
La sociedad de Juan Fuentes Tabares, uno de los inversores del NAP que se benefició de la operación de rescate realizada por el ITER y que investiga la Justicia, es la que más contratos irregulares recibió en los ejercicios 2017 y 2018 por parte de entidades del Cabildo. Hasta cuatro procedimientos adjudicados a la empresa de publicidad, por un montante total de 220.347 euros, son señalados por la auditoría por adolecer de anomalías en los expedientes.
Un total de doce empresas del Cabildo de Tenerife incurrieron en “el incumplimiento de los principios constitucionales de acceso al empleo público”. La auditoría pone el acento en contrataciones de personal a dedo sin tramitar “el correspondiente procedimiento de selección” y sin la publicidad que exige la normativa.
Como muestra, el ejemplo de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, donde una trabajadora encadenó contratos temporales durante un período superior a tres años, además de firmar una sustitución de interinidad sin que en el documento se hayan especificado los datos o la situación de la persona de baja.
Tarjetas de crédito y otros incumplimientos
Como ya ha ocurrido en auditorías anteriores, el interventor general y la empresa fiscalizadora alertan del desembolso realizado por empresas públicas mediante tarjetas de crédito, a pesar de que “carecen de regulación al respecto”. El informe llama la atención de la “heterogeneidad de gastos” realizados por esta vía, que considera fuera del ámbito que justificarían las acciones de protocolo. En 2017 y 2018 se pagaron a través de datáfonos más de 627.000 euros.
Entre los gastos que se llevaron a cabo con tarjetas de crédito en ambos ejercicios figuran “viajes, alojamientos, comidas y pequeñas compras”, entre otros. Un tercio del desembolso total (233.569 euros) salió de Turismo de Tenerife SA. La siguiente que más pagó por esta vía fue la Fundación Biovance, con 97.215 euros, seguida de Metropolitano, con 85.247 euros.
La auditoría también detecta otros incumplimientos en las cuentas de las empresas insulares. Es el caso de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi), que “ha estado obteniendo indebidamente subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo”.
En el ITER, el gerente, entonces Miguel Cendagorta, y los directores de área cobraron en 2017 un bonus retributivo “cuando no se dieron las circunstancias para tener derecho a percibirlo”. En Canarias Submarine Link SL (Canalink), el consejero delegado, José Luis Cendagorta (hermano del exgerente del ITER), percibió en 2018 “una retribución superior al límite establecido”. Esta entidad tampoco aportó “informe suscrito por persona responsable indicando que los gastos abonados a través de la tarjeta de crédito se corresponden con gastos inherentes y propios de la actividad de la empresa”. Constan pagos con dinero de plástico de más de 67.000 euros.
También cobraron más de la cuenta los exgerentes de Metropolitano, del Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa) y de Turismo de Tenerife, donde la auditoría también destaca que el expresidente del Cabildo Ricardo Melchior, de Coalición Canaria, aún figura “con autorización para operar con las cuentas bancarias de la entidad”.