El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Pedro Sánchez Vega, ha defendido “la legalidad del procedimiento, a través de concurso público, para el nombramiento de la nueva responsable de la Gerencia de Cultura y Deportes”: María Fernández, la portavoz de Coalición Canaria (CC), un partido presente en ese Consistorio a través de su aliado local (La Fortaleza). En un comunicado “en relación a algunas informaciones que se han publicado” en Canarias Ahora sobre el proceso, Sánchez asegura que la militancia en un partido no limita el derecho de una persona a presentarse a un concurso público. “Entre las once personas que se presentaron había otros candidatos cuya militancia política se conocía públicamente, y en ninguno de los casos eso influyó en el proceso selectivo”, ha sostenido el concejal que también formó parte del órgano de selección que eligió a la candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas con NC-CC.
Para acceder a la plaza de libre designación, las bases valoraban de forma adicional a candidaturas con titulación en Derecho y experiencia de al menos dos años en el sector público, precisamente dos requisitos que cumple María Fernández, al contar con dicha licenciatura y dos años y siete meses de experiencia como asesora en el Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno regional durante el mandato de Fernando Clavijo (2015-2019). A pesar de que las bases no especificaron ni una sola exigencia relacionada las funciones del cargo -la gestión de instalaciones culturales y deportivas-, sus dos competidores, Sonia Santana y Javier Pardilla, fueron eliminados porque la Comisión de Valoración concluyó que no tenían experiencia en el área de Cultura y Deporte, algo de lo que la propia Fernández también carece, según su currículum.
El concejal de Recursos Humanos del Consistorio recuerda que el Juzgado de lo Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la solicitud de una medida cautelar para paralizar el concurso por parte de la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV), “al entender que la actuación en el procedimiento es adecuada a derecho”. Sin embargo, el mismo día (19 de marzo) que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) la sesión de deliberación de la Comisión de Valoración celebrada el 19 de febrero, que concluyó en la propuesta de nombramiento de Fernández, AV amplió su demanda incluyendo a la también secretaria ejecutiva del Área Metropolitana de CC como codemandada junto a la propia empresa pública. Porque a su juicio, la elección de la portavoz de CC se ha realizado sin seguir criterios objetivos.
Pero Sánchez no solo defiende que durante el procedimiento de libre designación se haya cumplido con “el principio de publicidad, legalidad y libre concurrencia”, sino que ha recordado que “se podía haber hecho de forma directa, al tratarse de una sociedad municipal”. Además, remarca que los nombramientos de las gerencias municipales de empresas públicas “se han hecho sin concurso en buena parte de los ayuntamientos canarios, de los cabildos y de la administración autonómica”. Así, el concejal de Recursos Humanos considera reseñable que se haya optado por “una convocatoria pública”. En otras administraciones, sin embargo, cuando se ha optado por el mismo procedimiento de libre designación, se ha exigido una experiencia mínima de cinco años para un puesto de responsabilidad similar, como han recogido las bases en los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife (2020) o de Valladolid (2019).
Además, el concejal de Recursos Humanos considera como prueba de la legalidad del proceso seguido que “ninguna de las personas que optaron al puesto ha recurrido la resolución de la Comisión de Valoración”. Y achaca a “intereses partidistas y políticos que se intente cuestionar un procedimiento que ha cumplido todos los requisitos legales y en el que han participado funcionarios públicos”, en referencia a dos de los tres miembros del órgano de selección. El concejal explicó a este periódico que formó parte de la Comisión de Valoración como secretario junto a “la interventora y la ex tesorera”, reconociendo que si el concurso tuviese como objetivo nombrar a personal municipal del Ayuntamiento, Sánchez, como cargo electo, no puede formar parte del órgano. Pero al ser la Gerencia una sociedad con capital público, es independiente y no se rige por normas de derecho público, sino de derecho privado“.
Y añade que los criterios empleados para elegir a Fernández se han recogido en el acta publicada en el BOP, los cuales cita en la nota: “Se valoró a los candidatos en función de su visión estratégica, capacidad de planificación, determinación de prioridades, liderazgo de equipo, capacidad de dirección, gestión del personal y motivación, capacidad de liderar la implantación de estrategias políticas y programas, capacidad de comunicación y negociación, capacidad de representar a la Gerencia construyendo y desarrollando redes de relaciones internas y externas, conocimientos de gestión económica y presupuestaria”.
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