El Ayuntamiento de Santa Cruz deberá abonar 723.500 euros a la empresa Celgán por la “ocupación ilegal” de dos parcelas para la construcción del parque Cuchillitos de Tristán que en total ocupaban 1.100 metros cuadrado. La cantidad fijada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) supone una reducción frente a los 912.000 euros estipulada en primera instancia. En cualquier caso, la corporación legal deberá abonar los intereses legales a contar a partir del año 2006, momento en el que se dispusieron de estos solares que no eran de propiedad municipal.
El propio Ayuntamiento durante todo el proceso judicial no negó que se había apropiado de unos terrenos que no eran suyos y centró sus esfuerzos en reducir la cantidad que debía abonar a la empresa. Mientras que los peritos judiciales fijaron el valor del suelo en algo más de 661 euros por metro cuadrado, el Ayuntamiento pretendía rebajar esta cifra hasta los 492. Finalmente, el TSJC determinó que el valor correcto era 525 euros por lo que el Ayuntamiento debe desembolsar 578.843,37 euros y 144.710,84 del 25% por los daños y perjuicios ocasionados. La sentencia inicial, sin embargo estableció una indemnización de 729.524,2 euros y más 182.381,05 de compensación por la ocupación ilegal, lo que supone una reducción de 188.500 euros que se podrán ahorrar las arcas municipales.
Cuando el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la primera sentencia negoció con la compañía los plazos del pago a lo largo de tres años con el fin de reducir al máximo los intereses de demora. El concejal de Hacienda, Alberto Bernabé ha señalado que este acuerdo se enmarca “dentro de las acciones llevadas a cabo” con el objetivo de lograr “fraccionar al máximo las deudas judiciales existentes”. Con ello, el grupo de gobierno busca que el pago de esas cantidades “sea más asumible” para la corporación “y que el recargo por los intereses de demora que se venían abonando sea ahora muy inferior y que el montante final no tenga que ser abonado de una sola vez como exigían los tribunales”. En estos momentos el Ayuntamiento debe hacer frente a deudas derivadas de sentencias judiciales heredadas de los anteriores gobiernos municipales encabezados por el exalcalde, Miguel Zerolo, por valor de casi 15 millones de euros.