BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha avisado al Gobierno canario de que no puede primar la contratación de canarios en las licitaciones públicas de manera generalizada sino que deberá evaluar la contratación del personal para ejecutar contratos públicos “caso por caso” garantizando que no haya “discriminación directa o indirecta” frente a otros.
El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, ha reconocido que la nueva estrategia del Ejecutivo comunitario para las regiones ultraperiféricas de la UE como el archipiélago canario ofrece la posibilidad de “contratar a personal local en las empresas a las que se ha concedido un contrato público siempre y cuando no haya discriminación directa o indirecta respecto a la libertad de establecimiento y la libertad para ofrecer servicios y los conflictos de intereses sean prevenidos y evitados”.
El Ejecutivo comunitario “no es consciente de ninguna petición del Gobierno de las Islas Canarias para que se le autorice requerir emplear a los residentes de las islas por las compañías a las que se conceden contratos públicos”, asegura el comisario europeo en una respuesta parlamentaria al eurodiputado del PP Gabriel Mato, que ha instado a Bruselas a clarificar si primar la contratación de locales frente a otros no vulnera las normas europeas que regulan la libertad de movimiento.
Aunque la propuesta de la Comisión para favorecer el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de las regiones ultraperiféricas europeas (RUP) reconoce que su situación específica “puede tenerse en cuenta para la contratación pública” ello debe producirse “sin afectar a las libertades básicas y al buen funcionamiento del mercado interior”.
“Por esta razón, las autoridades contratantes en las RUP no pueden interpretar el párrafo arriba mencionado como un permiso general para requerir en sus convocatorias la contratación de personal laboral local para la ejecución de sus contratos públicos”, ha justificado el comisario europeo.
“Necesitan evaluar cuidadosamente, caso por caso, si los requisitos laborales específicos que contemplan puedan crear cualquier discriminación directa o indirecta”, ha aclarado.
Mato ha reclamado al Ejecutivo comunitario a través de una pregunta parlamentaria que clarifique si es verdad que “la UE ha autorizado a las administraciones públicas requerir que las compañías a las que se otorgan contratos públicos empleen residentes de las islas” tal y como alega el Ejecutivo de Paulino Rivero alegando que “Bruselas entiende que este requisito no implica ningún tipo de discriminación” y si ello no implica o no discriminación.
La Comisión Europea propone destinar 926 millones de euros para las regiones ultraperiféricas para el periodo 2014-2020 frente a los actuales 1.500 millones. Estos fondos forman parte del presupuesto total previsto para Política Regional para dicho periodo, que se eleva a unos 336.000 millones de euros, también menos que los 347.000 millones del actual periodo presupuestario.
En el caso de Canarias, las ayudas se reducirán de los actuales 35 a 20 euros por habitante, algo que rechaza el Ejecutivo del archipiélago.