Los cabildos quieren dejar de estar tutelados por el Parlamento y piden un nuevo sistema de financiación
Han pasado cuatro meses y cuatro días desde que se constituyó la Comisión de Cabildos de la IX Legislatura, pero las reivindicaciones de los presidentes de las corporaciones insulares son el 26 de noviembre las mismas que el 22 de julio: protagonismo en el Parlamento, más competencias y más financiación.
Tanto el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, como los de La Gomera y Fuerteventura, Casimiro Curbelo y Marcial Morales (este último también presidente de turno de la Fecai), respectivamente, han aprovechado el trámite de presentación de las memorias sobre los servicios transferidos de los años 2013 y 2014 para buscar una solución tanto “al secular problema” derivado de la insuficiente financiación de las competencias transferidas como a la necesidad de que la propia Comisión de Cabildos tenga más relevancia de cara a fomentar su participación en la elaboración de leyes que directamente les afecten.
Una legislación que debería “abordar no desde un punto de vista partidista, sino institucional, la búsqueda de un nuevo modelo de financiación, porque es un problema estructural. No es culpa ni de un partido ni de otro. La han soportado todos los cabildos con todos los gobiernos con todos los sistemas de financiación que han existido”, ha afirmado Alonso.
Por su parte, Morales ha afirmado que hay que acabar “con esta especie de tutelaje de rendir cuentas al Parlamento para que de una vez exista un reconocimiento formal de la mayoría de edad” de las instituciones insulares.
“Hay que buscar un esquema de financiación que no obligue a que vengamos aquí como niños que le tienen que explicar a sus padres lo que han hecho por si acaso no han sabido hacerlo”, afirmó el presidente de Fuerteventura.
“No todos los gobiernos ni presidentes tienen la misma consideración sobre la descentralizacion a los cabildos, cuyo papel ha sido demostrado históricamente como eficiente”, aportó Curbelo.
Nueva descentralización
En este punto, el consejero de Presidencia, Aaron Afonso, que previamente se había reunido con la Fecai para iniciar los trabajos tendentes a detectar las duplicidades administrativas que se producen en materia de competencias, con la finalidad de hacer los ajustes precisos para que dejen de producirse, ha asegurado ante los diputados y presidentes insulares que esta Legislatura producirá “una nueva descentralización de competencias para que cabildos o ayuntamientos sean los responsables directos de prestarlas a los ciudadanos”.
Precisamente, Morales ha recordado que las transferencias “siempre son una carga muy pesada para la Administración que las recibe”, pues “aproximadamente de cada tres euros gastados dos son de los propios cabildos y solo uno del Gobierno de Canarias”.
Como ejemplo, el presidente del Cabildo de Tenerife ha presentado un balance “absolutamente insuficiente” ante los diputados de la contribución autonómica a la prestación de servicios financieramente mal transferidos. En 2013, el 44% de los recursos destinados a competencias transferidas o delegadas fue aportado por la corporación tinerfeña frente al 24% de la Comunidad Autónoma. Y en 2014 sucedió algo parecido, pues el Cabildo aportó el 54% y el Gobierno regional el 27%.
“Todas las áreas son deficitarias en los medios económicos, materiales y humanos por parte del Gobierno, pues o legisla y no dota presupuestariamente, como sucedió con los Espacios Naturales, o simplemente procedió a las transferencias con lo que había en ese momento”, aportó Curbelo durante su intervención.
Con todo, y pese a las quejas, Morales, Alonso y Curbelo defendieron que “las transferencias han merecido la pena, porque se han gestionado mejor y se han prestado mejor desde las instituciones que están más cercanas a los ciudadanos”.
Sin embargo, el presidente del Cabildo de Fuerteventura insistió en que “hay que evitar las duplicidades, pues cuando se producen los ciudadanos pagan más por recibir peores servicios”, sobre todo en las areas que tienen que ver con el territorio y las estructuras del sistema público de bienestar social.
Es por ello, y en el marco de la Ley de Cabildos aprobada por unanimidad al final de la pasada Legislatura, que el consejero de Presidencia y la propia Fecai han iniciado los trabajos para detectar esas duplicidades y proceder a hacer los ajustes para que en junio del año 2017 todos los canarios tengan claro y meridiana a qué administración tienen que dirigirse para resolver sus problemas.
“Detectaremos donde se producen solapamientos para acabar con ellos. Será un proceso complicado, pero valdrá la pena, porque Canarias no se entiende sin sus cabildos”, afirmó el consejero de Presidencia.
Potenciar la comisión de cabildos
Las quejas de los cabildos no han caído, en principio, en saco roto, pese a que también es tradicional que en cada Legislatura los distintos portavoces parlamentarios insistan en que la Comisión de Cabildos debe tener más contenido y mayor relevancia.
Así, Juan Márquez (Podemos), ha afirmado que estos cuatro años pueden “ser una oportunidad para reforzar esta Comisión para que los cabildos encuentren menos dificultades a la hora de participar en la elaboración de normas que les ayuden a ser más eficaces” en la prestación de los servicios transferidos.
“Escuchándoles es como si el tiempo no pasara, como si todo estuviera igual. Esta sensación de que siempre es lo mismo tiene el riesgo de hacernos caer en la melancolía”, dijo la conservadora Águeda Montelongo.
Por ello, tiró el guante a cabildos y diputados para que “la Comisión sea un foro de debate de ideas, para que el Parlamento sea el cauce adecuado para las aspiraciones de los cabildos y de los ciudadanos”.
Esta propuesta de dinamizar la comisión, de convertirla en un instrumento canalizador de las propuestas de las corporaciones insulares, ha sido también abanderado por el socialista Ignacio Álvaro Lavandera como “objetivo compartido” por parte del Grupo Socialista para “sacar el mayor provecho a esta Comisión”.
