- Será “requisito imprescindible” un “informe previo” de la Comunidad Autónoma para que el Gobierno del Estado pueda “tramitar autorizaciones”
Las instituciones y la sociedad canarias dieron la batalla durante cuatro años cuando el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, y con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, autorizó sin consultar a la Comunidad Autónoma que la empresa Repsol hiciera prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.
Este miércoles, el Parlamento de Canarias ha querido evitar que pase lo mismo con el recién hallado telurio a 200 millas náuticas del Archipiélago, por lo que ha aprobado, con el único voto en contra del Grupo Popular, que se establezca “una consulta ciudadana vinculante” en las Islas “como requisito imprescindible para poder tramitar autorizaciones ante cualquier proyecto relacionado con actividades que pongan en riesgo ecológico y medioambiental el medio natural canario, incluida la minería en aguas próximas”.
Una consulta vinculante introducida por Podemos al texto impulsado por el nacionalista Mario Cabrera, que también incluye como “requisito imprescindible” un “informe previo” de la Comunidad Autónoma para que el Gobierno del Estado pueda “tramitar autorizaciones ante cualquier proyecto relacionado con actividades mineras en aguas próximas a Canarias”.
“Tenemos derecho a saber lo que sucede en nuestro entorno y derecho a poder decidir para que no se nos impongan decisiones, como sucedió con el petróleo”, defendió Cabrera desde la tribuna.
Una tesis que el resto de los grupos, salvo los conservadores, suscribió por entender que, como resumió el portavoz del Mixto y líder de ASG, Casimiro Curbelo, “esta tierra tiene que tener conocimiento de lo que afecta a sus intereses de forma clara y nítida por parte del Gobierno central”, toda vez que todo indica que “si la pasada legislatura fue la del petróleo, esta va a ser la del telurio”.
Evitar el colonialismo
Para el socialista Gustavo Matos, “no podemos consentir una nueva deslealtad de que se realicen investigaciones españolas a espaldas de Canarias”, motivo por el cual, y a propuesta del Grupo Socialista, el Ejecutivo central debe “garantizar la ausencia de riesgos ecológicos y medioambientales” de posibles explotaciones de recursos naturales en montes submarinos próximos a las Islas “de conformidad con las universidades públicas canarias y la comunidad científica”, sin olvidar que también debe tener “el apoyo de las instituciones y de la sociedad canaria”.
O, en palabras de Concepción Monzón (Podemos), se debe establecer una salvaguarda ante la constatación histórica de que “el PP echa a un lado la autonomía y adopta el centralismo más rancio cuando ve posibilidades de negocio”.
“En los primeros momentos, el Gobierno de Canarias estuvo timorato y el presidente Clavijo debe liderar esta causa porque Canarias no puede permitirse Canarias perder la oportunidad de beneficiarse de minerales de gran valor y solo ver pasar los barcos por nuestras aguas cargados de ellos. Eso sería colonialismo”, remachó Matos.
Diplomacia ante la ONU
Por ello, también se conmina al Gobierno central a intensificar las expediciones científicas españolas a los montes submarinos cercanos al Archipiélago “garantizando la participación en las mismas de las universidades canarias” y a incrementar su labor diplomática ante la ONU “para garantizar la soberanía del Estado español sobre las aguas en las que se encuentran” los yacimientos de telurio.
Y es que, como recordó la conservadora Luz Reverón, “hasta que la ONU no resuelva la solicitud de España para ampliar la plataforma continental, ningún país puede reclamar el uso de los fondos marinos de esa área de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar”.
Una zona en la que, además España, tienen permisos de exploración de metales Francia, Alemania, Rusia, China, Corea del Sur e India.
Lo cierto es que, pese a que todos los grupos reconocen desconocer las potencialidades reales de llevar a cabo una actividad extractiva de explotación, y mucho menos las implicaciones, reales y potenciales, que dicha actividad podría tener para los ecosistemas marinos de la zona, Canarias se ha querido blindar ante una nueva autorización unilateral por parte del Gobierno de España.
La única nota escéptica la puso el líder y portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, pues aunque apoyó la propuesta de Mario Cabrera, dudo de su eficacia, porque no tenemos un marco para exigir que se cumpla y mucho me temo que las autoridades centrales del Estado, sean del color que sean, nos harán poco caso“.