Canarias cree que “hay que derribar” los núcleos costeros que han crecido en la ilegalidad

El director de Costas del Gobierno canario, Antonio Acosta, cree que “hay que derribar” los núcleos costeros isleños que han crecido “sabiendo que están en el dominio público marítimo terrestre” y que no han legalizado esa situación ni lo han intentado, sino que han seguido construyendo.

Antes de reunirse con los 14 municipios costeros de Gran Canaria para analizar la situación de cada uno en materia de gestión del litoral, encuentro en el que también ha participado la consejera insular de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, y que se repetirá en breve en Tenerife y El Hierro, Acosta ha aludido a contenciosos en vigor por deslindes que considera que no cumplen la legalidad, entre los que ha citado uno en Salinetas y otro en Yaiza (Lanzarote).

La posición del Ejecutivo regional en estos contenciosos “es la misma que defendemos en el Hotel Oliva Beach. En estos dos deslindes, entendemos que una parte es una agresión a las competencias del propio Gobierno canario que, además, va en contra de intereses de diferentes personas”, ha dicho. Sin embargo, hay que recordar que en el caso del Oliva Beach fue el Gobierno central el que concedió al hotel el permiso durante un tiempo concreto y unas condiciones. Al incumplir el alojamiento esas condiciones, según el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno procedió a caducar el permiso, lo que conlleva su derribo. El Gobierno canario no ha entrado a discutir con el Estado si el hotel incumple la ley de costas o no, sino si es el Estado quien tiene las competencias sobre esos permisos. El Consejo de Estado dictaminó que es competencia del Gobierno central y no del de Canarias, algo que también corroboró recientemente el Tribunal Constitucional. Por tanto, las circunstancias de los casos citados por el director de Costas (Salinetas y Yaiza) son distintas al del Oliva Beach.

“Al final, son vecinos de un municipio que están en unas condiciones y que, de repente, rodando una línea, los colocas en una posición legal muy complicada para poder desarrollar su vida habitual”, ha subrayado Acosta, quien ha informado de que el Gobierno canario ha encargado a la Universidad de La Laguna un informe jurídico sobre la situación de los núcleos costeros que plantea que lo primero que hay que hacer un censo de los mismos, casa por casa.

Ese censo precisa de un trabajo previo de planimetría y de una importante inversión, pero el Gobierno regional se plantea llevarlo a cabo para saber cómo afecta la Ley de Costas a cada uno de los inmuebles y en qué medida.

“Hay gente que no ha cumplido y ha seguido construyendo pese a saber que estaban en dominio y, lógicamente, hay condiciones dentro de esos propios núcleos que habrá que eliminar porque no han cumplido con la ley, pero de ahí a situaciones determinadas de núcleos costeros que tienen una historia, un patrimonio y que son parte de la vida de Canarias, entendemos que hay que mirarlos con cariño”, ha referido.

Acosta ha asegurado que la comunidad canaria no plantea “un incumplimiento de la Ley de Costas, sino que se interprete esta ley de diferente manera”.