Las cuotas ilegales de la concertada: los colegios que pertenecen a empresas privadas cobran el doble que los religiosos

El ánimo de lucro de los colegios concertados podría fijarse, de media, en 25 euros por alumno y mes, en un universo de más de dos millones de alumnos en España. La cuota media de los centros privados subvencionados que tienen la forma jurídica de una empresa escala hasta los 108,38 euros mensuales, mientras que se queda en 83,48 cuando el colegio pertenece a una congregación religiosa, un organismo público, una fundación o una cooperativa de interés social, según la novena edición del estudio anual de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la asociación de colegios privados Cicae.

El estudio establece que el 79,4% de los 321 colegios concertados analizados en siete comunidades autónomas cobra una cuota base a las familias y que no existe voluntariedad en el 72% de los casos –lo cual sería ilegal porque contraviene la gratuidad del servicio público de educación que ofrecen estos centros–.

Este informe de Cicae se enmarca en la batalla soterrada que tiene Cicae, que representa a colegios privados puros, con la escuela privada subvencionada, a la que ven como “competencia desleal” porque conjugan lo mejor de cada sistema: cobran del estado y de las familias y el Estado les paga el profesorado. En ocasiones –es habitual en la Comunidad de Madrid, por ejemplo– las administraciones les regalan el suelo para construir el centro. Es un informe que la principal patronal de centros concertados, Escuelas Católicas (el brazo educativo de la iglesia), rechaza cada año por sesgado y que en ocasiones se ha criticado por no representativo, razón por la que en esta edición Cicae advierte explícitamente de que solo pretende ser representativo de Madrid e “indicativo” del resto.

En los últimos años son varios los intentos de arrojar un poco de luz sobre un sector que no brilla por su transparencia. Una aproximación de EsadeEcPol calculo que las cuotas le cuestan mil millones de euros anuales a las familias, establece unas horquillas de pago anual en este caso de entre 680 a 860 euros (en función de que se tenga en cuenta el comedor, por ejemplo). Este estudio de Esade está realizado a partir de dos encuestas del INE, mientras el de Cicae limita la muestra a un número determinado de colegios –y no representativo de todo el conjunto–.

Si todos los colegios concertados están financiados por igual, ¿por qué unos no cobran nada de cuota, otros 10 euros y algunos mil? ¿Dónde está la infrafinanciación? ¿Cuál es la medida para cubrir esos gastos que dicen que no pueden cubrir?

Save the Children también abordó la escuela concertada hace unas semanas, en este caso no tan centrada en las cuotas. Pero su estudio sí sostenía que los centros privados subvencionados de España son los que más segregan de Europa por renta a base de seleccionar alumnado con las cuotas y que estaban infrafinanciados, lo que explicaría (que no justifica) que cobren estas cuotas irregulares. La premisa es, en términos puramente numéricos, correcta: la escuela concertada acoge a casi un 30% del alumnado en la etapa obligatoria, pero supone un 12,5% del gasto público total. Se puede alegar que sus costes se ven reducidos porque no tienen presencia en el campo, donde la educación es más cara, o porque atiende mucho menos alumnado con necesidades de apoyo educativo, pero los números son los que son.

Si ese es el caso, se pregunta Cicae, ¿dónde está la infrafinanciación? “Si todos los colegios concertados están financiados por igual, ¿por qué unos no cobran nada de cuota, otros 10 euros y algunos mil? ¿Cuál es la medida para cubrir esos gastos que dicen que no pueden cubrir?”, se ha preguntado Elena Cid, de Cicae. “No estamos en contra de la concertada, nos parece que cumple una función esencial, pero queremos que existan las mismas reglas de juego para todos”.

Buena parte del problema viene porque el módulo económico del concierto que establece el Estado hace años que no se actualiza (aunque las comunidades autónomas sí lo han ido mejorando) y, además, no se conoce más allá de las grandes cifras el coste de la enseñanza concertada. El Ministerio está tratando de abordar el asunto y está realizando un estudio del coste real que tienen estos centros.

“Entraría una hora más tarde”

Una de las principales novedades de esta novena edición del estudio –realizado con la técnica del cliente misterioso, por la que alguien se hace pasar por un supuesto cliente para obtener información fidedigna de la empresa– es que ha estudiado el comportamiento de los centros en función de su titularidad y forma jurídica, para lo que ha dividido los colegios en dos grupos: los que tienen ánimo de lucro y los que no. Y ha encontrado diferencias entre ambos.

Aquellos configurados como sociedades mercantiles “son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 108,38€ mes”, cifra que sube hasta los 149 euros cada 30 días si se excluyen las cooperativas societarias. Dentro de este grupo, los más caros son las sociedades comanditarias (195 euros de media), seguidas de las sociedades anónimas (146 euros al mes), las de responsabilidad limitada (106,31) y las cooperativas (91 euros).

En muchos casos el centro directamente niega la posibilidad de no abonarla, alegando que "sin ella el funcionamiento del centro no sería posible", como explicaron en el colegio Estudio de Galicia. O porque "si eliges este colegio sabes sus cuotas", argumento esgrimido en el Norfolk de Madrid

Frente a estos, los que no tienen entre sus objetivos ganar dinero piden una aportación mensual de 83,48 euros, cifra que cae hasta los 60,10 euros –siempre son medias– en el caso de los religiosos. Las fundaciones cobran 115 euros y las cooperativas de interés social, 137 euros cada 30 días.

El estudio también refleja cómo reaccionan los diferentes centros cuando se les plantea qué ocurre si no se paga la cuota mensual, la piedra de toque que puede permitir establecer la obligatoriedad de esas cuotas. En muchos casos el centro directamente niega la posibilidad de no abonarla, alegando que “sin ella el funcionamiento del centro no sería posible”, como explicaron en el colegio Estudio de Galicia. O porque “si eliges este colegio sabes sus cuotas”, argumento esgrimido en el Norfolk de Madrid.

En otras ocasiones se explica a la familia que sin cuota hay exclusión. No con esas palabras, pero los clientes misteriosos que hicieron el estudio escucharon a menudo que su hipotético hijo “entraría una hora más tarde” que el resto de los niños, en ocasiones también tendría que “salir una hora antes” o dejar el centro a media mañana durante un rato, supuestamente dedicado a realizar una actividad incluida en la cuota, pero no obligatoria. También hay un caso, el colegio Internacional Ánfora, en el que no obligarían a la familia a acudir al centro a llevarse al menor y se iría a jugar al patio.

Catalunya es la comunidad autónoma que cobra una mayor cuota media, 177,68 euros mensuales, con un pico de 510 euros en el colegio John Talbot (tradicionalmente es el St. Paul's School, que ronda los mil, pero este año no ha sido posible obtener información). En esta comunidad, la mitad de los centros exige un pago mensual de 246,37 euros

Cicae sostiene que muchos centros concertados incluyen actividades complementarias en mitad de la jornada escolar para forzar el cobro de las cuotas. Estas actividades –desde ajedrez hasta clases de refuerzo de matemáticas– no son curriculares, por tanto no obligatorias, y los centros pueden excluir a quien no pague por ellas. Al ponerlas en mitad del día se obliga a los padres a abonarlas ante la imposibilidad de recoger al niño en mitad de la jornada lectiva.

Con carácter general, los responsables vienen a explicar a las familias que se interesan por su colegio que la cuota es obligatoria, según el estudio de Cicae. Sucede en un 72% de los casos: la alternativa a no abonarla es la exclusión de ese alumno de ciertas actividades. Este modelo se da sobre todo en la Comunidad de Madrid, mientras en Catalunya, País Vasco y la Comunitat Valenciana la norma es no dar alternativa al pago. Andalucía, Aragón y Murcia sí tienen un modelo en el que la voluntariedad es más real.

Catalunya es la comunidad autónoma que cobra una mayor cuota media, 177,68 euros mensuales, con un pico de 510 euros en el colegio John Talbot (tradicionalmente es el St. Paul's School, que ronda los mil, pero este año no ha sido posible obtener información). En esta comunidad, la mitad de los centros exige un pago mensual de 246,37 euros.

Le sigue Madrid, donde el 99% de los centros cobra una cuota de 125 euros de media, aunque esta cifra esconde grandes diferencias entre colegios porque, como en Catalunya, la mitad de ellos cobra más de 150 euros al mes. En la Comunitat Valenciana bajan a los 109 euros y en Euskadi son 120 euros. Fuera de estas dos regiones, las cifras se desploman: los colegios gallegos están en 49 euros de media cada 30 días, 42 en Andalucía, 34 en Aragón y 75 en Murcia.