Con retraso sobre Catalauña y Navarra, Canarias hoy se ha puesto “a la vanguardia” del “rechazo a la intolerancia y a la diversidad” al aprobar el Parlamento, por unanimidad, la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Una legislación integral cuyo objetivo es “garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, de recibir de las Administraciones públicas canarias una atención adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole”.
Y, lo que es más importante, no como colectivo estigmatizado, sino “en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia”.
Un texto fruto de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB) que la totalidad de los grupos parlamentarios hicieron suyo y al que apenas se añadieron cuatro enmiendas.
Por tanto, el mérito no es de sus señorías, que durante 30 años no abordaron la necesidad de “normalizar la diversidad”, como ha asegurado la diputada conservadora Mercedes Roldós: “es un mérito de ustedes haber puesto de acuerdo a los 60 diputados de esta Cámara”.
Y es que el PP, al contrario de lo que sucedió en Cataluña (donde los conservadores votaron en contra de una Ley similar) se han sumado a lo que la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Igualdad, Dolores Padrón, calificó de “un día histórico, porque el Parlamento de Canarias dice bien alto que somos ciudadanos libres para elegir la sexualidad que queramos”.
Una tesis compartida por el portavoz de Nueva canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, para quien “esta Ley nace de la ciudadanía, de los colectivos LGTB, de quienes luchan por la libertad y defienden los derechos individuales”.
Acto de justicia social
“Estamos orgullosos de que esta pequeña zona del planeta se haga grande al rechazar el amplio universo reaccionario que practica la intolerancia a la diversidad aprobando lo que es un acto de justicia social y un ejemplo institucional de promoción de la cultura de la aceptación y el respeto”, insistió Padrón en la tribuna de oradores.
Algo que no se puede decir de otros países, como resaltó la nacionalista Flora Marrero, al recordar que la homofobia y la transfobia llegan al extremo de que “exista la pena de muerte” para las personas transexuales.
“Cada uno de los artículos de la Ley han sido fruto de una lucha, pues ningún poder público les ha dado nunca nada a estas personas”, dijo Marrero.
Por su parte, Roldós recordó que pese a que desde ahora existe un texto legal “que garantiza los derechos de las personas que adoptaron un sexo distinto”, ahora “queda todo el trabajo por hacer en el ámbito educativo, laboral y de las administraciones públicas para que la igualdad sea real”.
El texto aprobado establece reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten durante el proceso de reasignación de sexo con la documentación administrativa única adecuada que puedan facilitarles una mejor integración tanto en su entorno social como ante las diferentes administraciones.
Asimismo, garantiza los derechos de las personas transexuales en los ámbitos sanitario, laboral y educativo, así como en otros ámbitos sociales donde la atención y apoyo a las personas transexuales son igualmente necesarios, y habilita al Gobierno de Canarias para dictar cuantas disposiciones reglamentarias exijan la aplicación y desarrollo de la misma.