El Gobierno canario demandará al Ministerio de Justicia la creación de ocho nuevas unidades judiciales en las Islas durante el próximo año, anunció este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.
El consejero informó de esta solicitud tras la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Colaboración formada por el Gobierno canario y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que también se abordó la situación de las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales, entre otras cuestiones.
Ruano señaló que las nuevas unidades se demandan sobre todo para las islas capitalinas y para Fuerteventura, y están referidas a unos ámbitos que presentan una gran demanda porque la media de asuntos que abordan se sitúa por encima de la recomendada por el Consejo General del Poder Judicial.
Estas ocho nuevas unidades han sido solicitadas por el TSJC y “el Gobierno canario lo respalda”, afirmó Ruano.
Así mismo, indicó que el Gobierno canario financiará la dotación del 85% del coste que supone la creación de estos nuevos juzgados y el Ministerio, que espera que acepte su petición, el 15% restante como le corresponde.
Según lo acordado en la comisión, el Ejecutivo regional reclamará una plaza de magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas; un juzgado de primera instancia e instrucción en Puerto del Rosario (Fuerteventura), y otro de primera instancia en la provincia de Las Palmas, informaron fuentes de la Consejería.
Además, solicitará la creación de un juzgado de lo contencioso administrativo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un juzgado de menores y otro de lo social, también para esta provincia, así como un juzgado de primera instancia en Santa Cruz de Tenerife capital y una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para crear una nueva sección de lo penal.
Edificios judiciales
Sobre el estado de las obras referidas a edificios judiciales, Ruano indicó que es posible que las que se llevan a cabo en Los Llanos de Aridane, en La Palma, puedan estar concluidas este año.
El consejero informó de que también se trató sobre la situación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de la capital grancanaria, así como de la próxima licitación del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y del edificio del nuevo partido judicial de Santa Lucía, en Gran Canaria.
Ruano comentó que se producirán cambios en la isla de Fuerteventura con la nueva ubicación de la Fiscalía y que se efectuarán obras para mejorar el registro civil de Puerto del Rosario.
El consejero subrayó que solventar en Canarias las carencias en materia de Justicia es una tarea complicada porque su gestión recae en el Gobierno canario, que se encarga de los medios materiales y personales; en el Consejo General del Poder Judicial, representado por el TSJC, y en el Ministerio de Justicia.
El presidente del TSJC, Antonio Castro, destacó la alta movilidad de personal que se registra en las Islas y que afecta a un 30% de su plantilla, un problema -dijo- que no sólo afecta a jueces y magistrados, sino también a los secretarios judiciales y a los fiscales.
Esta movilidad conlleva que muchos juzgados estén vacantes durante tres o cuatro meses, hasta que se cubre la plaza, si bien durante ese periodo son atendidos por magistrados o jueces sustitutos, pues el trabajo no se paraliza en los juzgados, precisó Castro.
Según el presidente del TSJC, si se resolviera el problema de la movilidad, “los juzgados funcionarían con muchas más agilidad, porque la estabilidad lleva consigo conocer la idiosincrasia de las isla”.