La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de las gestiones “infructuosas” realizadas por la Agencia Tributaria Canaria para cobrar los cuatro millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un contrato de mascarillas suscrito en mayo de 2020 a un coste de cuatro euros por mascarilla.
Así lo ha avanzado este jueves el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha relatado las 13 actuaciones realizadas por la Agencia, con solicitud de embargo incluida, y que por ahora reflejan la “imposibilidad” de encontrar bienes para tratar de recuperar el dinero, que con los intereses de demora se aproxima ya a los cinco millones de euros.
Pérez ha comentado que “si la insolvencia se mantiene” en el tiempo el Gobierno acometerá “actuaciones complementarias” para tratar de recuperar el dinero y las exigirá tanto a la empresa como a sus posibles administradores.
Ha comentado también que la compañía afectada ha propuesto al Servicio Canario de Salud (SCS) reanudar las relaciones y el suministro de mascarillas, opción que ya se ha rechazado porque “no hay relación contractual” y el objetivo es cobrar la deuda.
Asimismo ha indicado que la Consejería de Sanidad ha pedido una prórroga a la Audiencia de Cuentas para contestar al borrador del informe que ha elaborado sobre los contratos firmados por la Comunidad Autónoma durante el estado de alarma.
Caso mascarillas
En mayo de 2020, en el comienzo de la pandemia por COVID, el Servicio Canario de Salud adjudicó por cuatro millones de euros la adquisición de un millón de mascarillas FFP3, de máxima protección a la empresa RR7 United. Este material nunca llegó a los hospitales de las Islas.
Lo que aterrizó en el archipiélago, y diez meses después, fue una partida de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que, tras un control aduanero, acabaron siendo destruidas en una trituradora, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales de la Agencia Tributaria Española. ¿La razón? La empresa fabricante (3M), que ya había advertido del uso fraudulento de su marca durante la pandemia, presentó un informe pericial que determinaba que el material interceptado en la aduana no era original y el importador declarado asumió el coste de esa intervención.
Dos años después de la firma de ese contrato, ni las mascarillas llegaron ni la administración ha recuperado el dinero que adelantó en su totalidad en dos pagos (en agosto y octubre de 2020) a la adjudicataria, RR7 United S.L., una empresa que, además, no tenía experiencia en el ámbito sanitario. Fue constituida en 2016 con un capital de 3.000 euros y dedicada a la venta de vehículos.