El Gobierno canario y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) han acordado este lunes que las viviendas destinadas a alquiler vacacional tienen que ser legales, lo que deberán certificar los ayuntamientos.
La presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha indicado a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero y el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, que están de acuerdo en que las casas tienen que ser legales, planteamiento que la asociación ha defendido desde el principio.
Esta reunión ha tenido lugar después de que el Gobierno canario presentara el borrador de decreto de la actividad del alquiler vacacional, una regulación “laxa” para la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel).
Ascav “nunca ha pretendido que las viviendas ilegales se puedan dedicar al alquiler vacacional”, ha aseverado Borrego, quien ha valorado la buena predisposición del Gobierno de Canarias para buscar una solución a las 53.000 familias que en Canarias se dedican al alquiler vacacional, según un informe realizado en 2012 por una consultora.
El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, ha recordado que el borrador de decreto que regula la actividad del alquiler vacacional se encuentra en fase de estudio de las más de 180 alegaciones presentadas y que se prevé que esté aprobado antes de que finalice la legislatura, el próximo mayo.
De la Puente ha indicado que “ha quedado claro” que las viviendas vacacionales deberán de ser legales y eso lo tendrán que certificar los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en esa materia.
Sobre la posibilidad de que la comunidad de propietarios autorice a la persona que quiera poner su vivienda en régimen de alquiler vacacional, el Gobierno canario se adaptará a la legalidad vigente y “no se va a ir más allá” ha manifestado el viceconsejero, quien ha destacado que hay margen para llegar a un acuerdo.
Asimismo, ha comentado que el Consejo Canario de Turismo, foro en el que están representados cabildos, ayuntamientos, cámaras de comercio, confederaciones de empresarios y sindicatos, considera que el futuro decreto es demasiado flexible y que debería de ser más exigente.
El Ejecutivo regional también tomará en consideración este planteamiento, ha agregado De la Puente, quien ha mostrado sus dudas respecto al estudio al que ha hecho referencia la Ascav, ya que parte de bases falsas con datos que extraen de supuestos datos de la Comunidad Autónoma para calcular el número de familias que se dedican al alquiler vacacional.
Por el momento, ha continuado, no hay un censo oficial para saber el número exacto, por tanto, “todo lo que venga de este informe hay que ponerlo entre comillas”.