Lo que empieza con harina puede acabar siendo un churro. Diecisiete años después de adjudicarse el concurso para la compra-venta del 66% de las acciones de la Empresa Municipal de Aguas de Las Palmas (Emalsa), la operación sigue viva en los tribunales de justicia. Los motivos hay que buscarlos (y encontrarlos) en la manera en que se hicieron las cosas en 1993 y en los personajes que en aquellos momentos influían en la vida pública canaria.
El alcalde era Emilio Mayoral, pero asumía la alcaldía como consecuencia del terremoto político que sacudió la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tras un desastroso pacto time-sharing montado por José Carlos Mauricio con los centristas del CDS y unos tránsfugas del Partido Popular. Y donde esté Mauricio hay estropicio, como ha quedado probado a lo largo de su dilatada trayectoria política.
Emalsa era una de las joyas de la corona, pero parecía tocada por la fatalidad desde que estallara la conocida como guerra del agua, un proceso que se le vino encima al alcalde Juan Rodríguez Doreste a principios de los ochenta, cuando desde el barrio de Tres Palmas un combativo Andrés Alvarado Janina promovió el impago de recibos del abastecimiento por la mala calidad del servicio y los pocos días que se prestaba.
Mauricio, que no dejaba pasar la menor oportunidad para ocupar la primera línea, movilizó a su poderosa Coordinadora Popular de la Vivienda y al grito de “Doreste Pinochet”, movilizó a muchos barrios en contra del Ayuntamiento por haber cortado el suministro de agua a los morosos recalcitrantes.
Nadie imaginó entonces a aquel Mauricio, megáfono en mano, convertido una década más tarde en el muñidor de una operación de privatización tan conflictiva. En compañía de personajes tan oscuros como Luis Hernández y auxiliado por un débil y manejable José Vicente León y un ambicioso José Sintes, el líder de la recién nacida entonces Iniciativa Canaria montó el vergonzoso pacto de time sharing, por el que las cuatro fuerzas políticas se repartirían a tiempo parcial la alcaldía de la ciudad. No hubo manera de que se consumara el bochorno porque el Tribunal Constitucional desmontó el tinglado y los concejales hicieron alcalde hasta 1995 a Emilio Mayoral.
La privatización de Emalsa nació en el seno de ese pacto, pero fue Mayoral quien la remató desde la alcaldía. No le tocó a él, sin embargo, beneficiarse de las atenciones y galanterías afrancesadas de las que sí disfrutraron sus antecesores en el cargo, pero el hoy consejero insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria, conoció a la perfección el movimiento de intereses que fueron basculando de un lado al otro del Salón Dorado de Santa Ana a medida que se acercaba el momento decisivo.
En dos ocasiones pidieron a Mayoral que abortara aquella operación, una vez por considerarla sus interlocutores perjudicial para los intereses de la ciudad y de Canarias, y la otra por la contaminación que ya había aflorado a la opinión pública. Efectivamente, en el expediente contencioso-administrativo que obra en poder del Tribunal Superior de Justicia de Canarias consta nutrida documentación acerca de las descaradas declaraciones de concejales de Ican y del PSOE dando por hecho que la adjudicación de Emalsa debía ser en favor de la oferta que encabezaba Unelco, y que, de lo contrario, no habría venta de acciones.
En las dos reuniones en que se pidió a Mayoral frustrar la venta de Emalsa estuvo presente el hoy alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, a la sazón presidente del Gobierno de Canarias en un pacto fallido con las AIC. La primera se celebró en Presidencia del Gobierno en presencia de los consejeros Julio Pérez (Sanidad) y José Francisco Henríquez (Política Territorial). En ella Saavedra recomendó a Emilio Mayoral que reconsiderara esa operación de Emalsa. Mayoral, que acudió a la cita en compañía del concejal socialista Rafael Molina Petit, quedó en meditarlo.
La segunda reunión fue más discreta. Se celebró en el domicilio de Jerónimo Saavedra, en Vegueta. En esa ocasión Mayoral fue menos diplomático: “Lo que me diga Ferraz”, contestó el alcalde al entonces presidente del Gobierno y secretario general del PSOE canario.
Y Ferraz debió decir al alcalde que la oferta ganadora era la de Unelco-Saur, una unión temporal de empresas encabezada por la eléctrica, entonces pública, carácter este que fue su santo y seña pero que perdió a no pasar demasiado tiempo una vez su matriz, Endesa, ha terminado en manos de italianos.
Por ahí se movió la vertiente socialista, pero ¿y el resto de los comensales? Mauricio, Luis Hernández y José Vicente León no fueron convidados de piedra. También tomaron sus propias decisiones, unas más partidistas que otras, unas jugadas con más habilidad personal que otras. Pero las paredes del hotel Diana de Madrid y los testigos isleños de aquellas maniobras orquestales en la oscuridad son los únicos que pueden contar con precisión de reloj suizo el caudal de lo que en el sector del agua se ha acuñado desde hace tiempo como “corrientes subterráneas”.
No deben confundirse estas corrientes, pertenecientes a la primera fase de la operación de privatización de Emalsa, con las que les sucedieron años después, concretamente entrando la década de 2000. Ahí ya se hablaba de “delicados soplidos en el cogote” (o totiso) de los que nos ocuparemos en nuestra próxima entrega. Porque en esta segunda fase del contubernio de Emalsa aparece un personaje imprescindible en cualquier trapisonda política, José Manuel Soria.