La Comisión Europea no detecta ninguna infracción sobre medio ambiente en la construcción de la cárcel de Juan Grande en Gran Canaria. Esta ha sido la respuesta a una pregunta del portavoz de los Verdes Canarias, en el Parlamento Europeo.
En dicha pregunta, el portavoz del grupo ecologista, David Hammerstein, argumenta que el proyecto de construcción de la macrocárcel incumple una directiva comunitaria, concretamente, la 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (EIA).
Según la CE, “aunque los proyectos relativos a la construcción de centros penitenciarios no están contemplados de forma específica en los anexos de la Directiva EIA, este tipo de proyecto puede entrar en el ámbito de aplicación del anexo II, punto 10, letra b), relativa a los proyectos de ordenación urbana”.
Este anexo contempla que “los Estados miembros deben decidir si se lleva a cabo o no tal evaluación sobre la base de un examen caso por caso y/o los umbrales o criterios establecidos en la legislación nacional por la que se incorpora la Directiva”
La CE subraya en su respuesta a los Verdes que el Ministerio de Medio Ambiente, después de haber examinado el proyecto, concluye que “no es probable” que vaya a tener un impacto significativo sobre el medio ambiente por lo que no es necesario emprender un procedimiento EIA
En cuanto a la especie de ave citada en la pregunta escrita, la terrera marismeña que figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la Comisión Europea responde que se trata de una especia que no figura en el anexo I de la Directiva sobre aves (DO L103 de 25.4.1979), por lo que “las autoridades regionales competentes son responsable de su protección” y por lo que respecta a la red de Zonas de Especial Protección (ZEPA), la Comisiòn considera que dicha red cumple las obligaciones establecias en el artículo 4 de la Directiva sobre aves.