Centenares de personas se concentran para pedir la liberación de Dimas Martín

El presidente del PIL, Antonio Hernández, dijo que el único daño que ha hecho Martín “fue querer llevar a cabo su programa electoral y apoyar a los ganaderos de la isla, que estaban pasando unos malos momentos hace ahora 20 años, cuando ocurrieron los hechos por los que nuestro líder fue condenado”. Hernández recordó que su partido ha presentado más de 13.000 firmas de ciudadanos de la isla solicitando el indulto parcial para Dimas Martín y ahora piden “que se le conceda, de tal forma que recupere su libertad, aunque no pueda volver a participar en política”.

Susana Martín, hija del político encarcelado, dio las gracias en nombre de la familia a todos los asistentes a la concentración y pidió a su padre “que aguante un poco más”. En cualquier caso, “esperamos que pronto pueda estar con nosotros y disfrutar de las compañía de sus tres nietos, cosa que no ha podido hacer durante estos siete meses que lleva privado de libertad”.

Cuatro ingreso en la cárcel

Dimas Martín ingresó en el Centro Penitenciario de Tahíche el pasado 23 de diciembre para cumplir una condena de ocho años a la que fue condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas por delitos de malversación y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise en los años 90.

Martín, que fue presidente del Cabildo de Lanzarote, alcalde de Teguise, parlamentario regional y senador por la isla, fue condenado también a una pena de inhabilitación absoluta durante 15 años, aunque el político anunció antes de su entrada en la cárcel que continuará en política “porque es algo que llevo dentro, no concibo mi vida sin la política”. Esta es la cuarta ocasión en la que Dimas Martín se encuentra ingresado en el Centro Penitenciario de Tahíche.

En la primera ocasión que fue a la cárcel, en 1979, lo hizo por un delito de falsedad relacionado con un asunto particular en su época como empresario; en la segunda, en 1998, fue por una condena de seis meses por un delito de desobediencia cometido entre los años 1990 y 1991 cuando ya era alcalde, mientras que la tercera fue en enero de 2004 por cohecho, por la compra de un voto a un concejal.