La eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas, la medida estrella aprobada por el Gobierno de Fernando Clavijo para invertir supuestamente el superávit de la Comunidad Autónoma, ha quedado reducida a una subvención que se otorgará a las farmacias para que deduzcan el importe de los medicamentos a las personas que figuran como pensionistas de la Seguridad Social con rentas inferiores a 18.000 euros anuales. El decreto no recoge la gratuidad de las medicinas como derecho, sino que queda a merced de una subvención y de que exista ficha financiera suficiente. Además, en el documento se explica expresamente que se contará con 14 millones de euros procedentes de los Presupuestos de 2019 de la Comunidad Autónoma. Por tanto, no se utilizará el dinero del superávit para este fin.
En el decreto se matiza que el importe máximo de la ayuda por persona beneficiaria no podrá superar, en cómputo anual, los 70 euros. Una cifra que si se multiplica por los 298.000 pensionistas a los que el Ejecutivo aseguró que iba a favorecer la medida da como resultado 20,8 millones de euros. Se trata de casi 7 millones más de los que hay previstos. Además, a ello se le sumarían las personas que dependen de la tarjeta sanitaria de esos pensionistas y que, según el decreto, también pueden resultar beneficiarias.
El hecho de que finalmente se optara por sacar adelante esta medida por medio de una subvención, sí que exime al Gobierno de contar con un dictamen del Consejo Consultivo. Sin embargo, si se atiende a la Ley General de Subvenciones del 17 de noviembre de 2003, se constata que sí que es necesario contar con un informe de la Dirección General de Presupuestos, otro de la Dirección de Relaciones con la UE, con otro de Intervención General y del Servicio Jurídico. En este caso, ni siquiera cuenta con la ficha financiera suficiente.
Una fórmula distinta a la de la Comunidad Valenciana
La fórmula escogida para financiar esta iniciativa es muy parecida a la utilizada en el Plan PIVE para renovar los vehículos. Una subvención que tiene que declararse a la hora de tramitar la renta. Según fuentes jurídicas consultadas, al tratarse de 70 euros anuales, constaría como un incremento patrimonial sobre la renta. No obstante, no consideran que vaya a suponer que se tenga que devolver dinero a Hacienda.
Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno en una nota de prensa emitida este mismo jueves para anunciar la publicación de la medida es que se llevó a cabo de la misma forma en la Comunidad Valenciana en el año 2016. Sin embargo, en esa región sí que se realizó un convenio específico sobre el copago con los colegios farmacéuticos, donde además se detallaba la manera de aplicarlo.
En el caso de Canarias, se nombra a los colegios farmacéuticos como entidades colaboradoras que gestionan esa subvención y se alude al concierto de 2015 establecido con el Gobierno regional. Sin embargo, en este convenio no se hace mención a cómo se gestionan las subvenciones. Además, este mismo jueves se ha estado informando a los dos colegios de farmacéuticos de Canarias cómo se aplicará la medida.
El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias fue anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se celebró el pasado 6 de mayo. Allí el presidente de Canarias aseguró que se iban a destinar 14 millones de euros del superávit de la Comunidad Autónoma a este fin. La iniciativa no figuraba en el orden del día y no contaba con informe del Consejo Consultivo, como manda cuando se trata de una norma básica del Estado. Finalmente, ha quedado en una subvención que no garantiza la gratuidad de los medicamentos como un derecho.