La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) exposición razonada para que el alto tribunal se haga cargo del conocido como caso Grúas al pasar a ser investigado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC).
La justicia deberá a partir de ahora investigar la actuación de Clavijo por hechos que se produjeron durante su etapa como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna y concretamente por los presuntos delitos cometidos en la concesión del servicio municipal de grúas. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya ha apuntado la posibilidad de que pudieran haberse cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Así consta en un auto de fecha 17 de octubre en el que la Audiencia ordenó a la jueza Blanco reabrir la causa que había archivado en junio sin practicar las más elementales diligencias de investigación.
Blanco reactivó de inmediato la investigación llamando a declarar en calidad de testigos a los siete beneficiados por la concesión del servicio municipal, de los cuales cinco de ellos admitieron tener amistad con Clavijo. Dos reconocieron haber trabajado junto al presidente cuando este era jefe de sección en la tienda que la multinacional Leroy Merlin tiene en La Laguna. Otros confesaron conocerle del gimnasio en el que practican junto a él la disciplina de kárate.
Al presidente canario se le atribuyen lazos de amistad con los compradores de Autogrúas Poli, una concesión en la que presuntamente se involucró el presidente de Canarias cuando era concejal de Seguridad y luego alcalde de La Laguna, para inicialmente dificultarle la gestión, luego retirar la concesión a su concesionario legal, entregársela a esos presuntos amigos y, posteriormente, facilitarles una ampliación de la concesión y un préstamo del Ayuntamiento por importe de 120.000 euros. Todo ello en contra de los informes del interventor municipal, frente a los que Clavijo y sus concejales del grupo de gobierno opusieron informes jurídicos contratados fuera del Ayuntamiento.
Los siete presuntos amigos de Clavijo comunicaron en 2012 a un juzgado que la empresa de grúas que pasaron a regentar gracias a las gestiones del entonces alcalde tenía su sede “a efectos de notificación” en el mismo edificio donde tiene su domicilio social la gestoría que Fernando Clavijo regentó antes de dedicarse a la política, Administración Ecológica, en el edificio Parra, de La Laguna. Todos ellos están actualmente investigados en otro juzgado de La Laguna por haber desguazado coches custodiados en el protero municipal y venderlos por piezas.
La magistrada decidió este mismo jueves, horas antes de mandar la causa al TSJC, llamar a declarar en calidad de investigado (antiguo imputado) a Antonio Pérez-Godiño, el concejal que sucedió a Clavijo al frente del área de Seguridad en el la fase final del presunto amaño del servicio de retirada de vehículos. Además de este concejal, actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, y del propio Clavijo, está denunciado por este asunto el actual alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, que actuó como concejal de Seguridad cuando el actual presidente de Canarias ya había sido propuesto como candidato a la presidencia de Canarias.
En su exposición razonada ante el TSJ de Canarias para que se haga cargo de la causa, la jueza hace un pormenorizado relato de lo que recoge la denuncia formulada ante los juzgados de La Laguna por los concejales de las formaciones en la oposición Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, hechos que desechó en el auto de sobreseimiento provisional que ordenó en junio pasado. Entre otros hitos, la magistrada relata ahora cómo Fernando Clavijo firmó en 2014 dos decretos por los que levantó los reparos de la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna para poder conceder a una prórroga ilegal de la concesión de grúas a los siete trabajadores a los que el inicial concesionario se vio obligado a ceder el servicio de grúas municipales. Y cómo el mismo Fernando Clavijo salvó ese mismo año los reparos para conceder un préstamo de 120.000 euros a los siete trabajadores transformados en empresarios para que pudieran sacar adelante la empresa de la que se habían hecho cargo.
La concesión se prorrogó, se le inyectaron 120.000 euros de dinero público, se le pagaron a la empresa las facturas atrasadas del Ayuntamiento, pero aún así los felices adjudicatarios fueron incapaces de sacar adelante la empresa. Poco después la vendieron a un generoso empresario del sur de Tenerife vinculado a Coalición Canaria que asumió unas deudas de 750.000 euros.
En unas recientes declaraciones de esta misma semana en Madrid, el presidente canario ha reducido el caso a una mera “denuncia política” y ha anunciado que no piensa dimitir aunque el caso llegue al TSJC, como así parece que va a ocurrir.
Clavijo gobierna en Canarias con una escuálida minoría de 18 diputados (sobre 60 que componen la Cámara regional), aun siendo la tercera fuerza política en número de votos, por detrás del PSOE (quince escaños) y el PP (doce). Actualmente tramita los presupuestos autonómicos para 2018, algo más de 8.100 millones, gracias al apoyo del PP, al que CC apoya en Madrid, y de la Agrupación Socialista Gomera (tres diputados), partido nacido a raíz de la expulsión que sufrió Casimiro Curbelo por parte del PSOE.