“Los moros van a morir”. Gran Canaria sufrió en los últimos meses de 2020 un brote de racismo contra las personas migrantes llegadas en pateras y cayucos a la isla. En especial, contra la población marroquí. Persecuciones organizadas por parte de algunos vecinos armados incluso con machetes “para limpiar la isla de inmigrantes” o lanzamientos diarios de piedras hacia el interior de un campamento de acogida fueron algunos de los episodios que se vivieron en las calles del territorio canario que recibió el mayor flujo de llegadas. El último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) concluye que estas reacciones sociales derivan de un proceso lento, en el que mediante los bulos y el uso político del fenómeno se termina criminalizando a los migrantes en un contexto marcado por la crisis económica y social. En la actualidad, Coalición Canaria en Tenerife ha reproducido algunos puntos de este discurso que, de forma encubierta, genera una percepción de rechazo hacia los extranjeros.
Según el documento de CEAR, el primer paso que se dio en el discurso anti-inmigración fue utilizar su acogida temporal en hoteles para reforzar la idea del “agravio comparativo”. “Vienen a quedarse con lo nuestro”, “una familia canaria no podría permitírselo”. Esta decisión de emergencia tomada por el Gobierno central para descongestionar el muelle de Arguineguín fue utilizada por los líderes del PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal. En sus visitas al sur de Gran Canaria, sumido en una profunda crisis, ambos aprovecharon para responsabilizar a la inmigración del cero turístico provocado por la pandemia de COVID-19.
La estrategia del agravio comparativo fue reproducida por el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz (CC) en diciembre, cuando aún los campamentos para migrantes de Las Raíces y Las Canteras no habían abierto en su municipio. La formación política afirmó que “exigirán el trato preferente de las vecinas y vecinos en políticas sociales” a través de un comunicado emitido aparentemente para rechazar los macrocentros que el Ministerio de Migraciones preveía instalar en la isla.
En este mismo texto, el partido insinuó que el gobierno local de La Laguna ofrecería un trato favorable a las personas migrantes frente a la población local. “No podemos permitir que haya gente que pueda quedarse en la calle y que les digan que no hay recursos alojativos o para cubrir sus necesidades y nos encontremos con un trato diferente respecto a los inmigrantes”, decía el comunicado.
Después de la explotación de la primera idea, la experiencia de Gran Canaria muestra que la siguiente forma de alentar la xenofobia fue relacionar la inmigración con un supuesto aumento de la delincuencia en la isla. En este ámbito, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), aliada estratégica de Coalición Canaria y de su presidente y senador, Fernando Clavijo, fue lideresa destacada. En diversos medios de comunicación, la regidora alertó de un aumento de agresiones y hurtos en su municipio, entendiendo que este incremento de la inseguridad ciudadana estaba relacionada con la presencia de menores migrantes en apartamentos del sur. Las exigencias de la alcaldesa hicieron que efectivos de la Guardia Civil se trasladaran a la isla para reducir las incidencias protagonizadas por migrantes. Pocos días más tarde, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ofreció una rueda de prensa en la que desmontaba con datos la relación entre delincuencia e inmigración.
En los últimos meses, CC en Tenerife también ha vinculado ambos conceptos. El exalcalde y el concejal del Ayuntamiento Sergio Alonso han mostrado su “preocupación” por la falta de efectivos en la Policía Local, después de que el cuerpo protestara contra la carencia de efectivos suficientes para controlar el cumplimiento de las restricciones contra la COVID-19 y para enfrentar la presencia en el municipio de dos centros de acogida temporales para migrantes, situados en los antiguos acuartelamientos militares de Las Raíces y Las Canteras.
Preguntada por datos que desmonten o verifiquen esta afirmación, la Delegación del Gobierno ha respondido que no maneja por el momento ninguna cifra. La mayor parte de los incidentes protagonizados por migrantes en La Laguna publicados en los medios de comunicación han tenido lugar dentro de los propios recursos de acogida entre los usuarios. En un vídeo publicado en redes sociales, José Alberto Díaz hizo referencia a uno de estos enfrentamientos asegurando que “la decisión política que se ha tomado es que aquellos que han sido conflictivos no estén en los centros de retención”. “Nos vamos a encontrar con un montón de inmigrantes expulsados de esos centros en nuestras calles de La Laguna”. El anuncio que en realidad había hecho el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, es que se deportaría de forma inmediata a aquellos migrantes que participen en los altercados.
En instituciones del Estado como el Senado, el expresidente del Ejecutivo regional y también exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, ha lamentado en numerosas ocasiones la “crisis humanitaria” que atraviesa Canarias. Además, ha hecho especial énfasis en la elevada cifra de menores no acompañados a los que debe tutelar la Consejería de Derechos Sociales, más de 2.700. La actual responsable del área, Noemí Santana (Sí Podemos Canarias), ha recordado en varias comparecencias que su departamento ha abierto 29 centros de emergencia desde que comenzó la actual crisis de acogida, ya que en los recursos estables que permanecían abiertos solo había espacio para 500 personas.
“Cuando llegamos al Gobierno, los recursos que se instalaron tras la crisis de los cayucos de 2006 habían sido desmantelados, como si Canarias hubiera cambiado de situación geográfica”. Entre estos establecimientos, que se disolvieron en los años en los que CC presidía los gobiernos del Archipiélago, está el centro de menores de La Esperanza, en Tenerife. Según Santana, fue cedido como campo de tiro a la Guardia Civil.
La herramienta del doble discurso ha sido ya empleada por la alcaldesa de Mogán cuando comenzó su participación en la crisis llorando a las puertas del muelle de Arguineguín por la situación de los menores y las mujeres allí hacinados, arrogándose el título de defensora de los derechos humanos. Después, cuando una orden policial de origen aún desconocido dejó en la calle a más de 200 personas desde el campamento portuario, la alcaldesa de Mogán fletó dos guaguas hacia la capital para que los migrantes no se quedaran en su municipio. Meses más tarde, amenazó a los hoteleros con sancionarlos si seguían cediendo sus instalaciones a fines humanitarios. Incluso ordenó una inspección en un apartamento que alojaba a niños y niñas migrantes.
El senador autonómico del PSOE de Canarias y concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha criticado que CC confunda datos para “maldisponer a la población”. “Lo que quiere decir en realidad es ”llévenselos de aquí“. Además, ha recordado que todos los recursos de acogida que se han instalado como respuesta de emergencia están situados en municipios gobernados por el PSOE: La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario. ”¿Y los demás?“, espetó.
Los mensajes que culpabilizan a los migrantes de los problemas locales calan aún más en un contexto de grave crisis económica y social, señala el informe de CEAR. Así, las reacciones xenófobas han aparecido en aquellos barrios de Gran Canaria donde la crisis ha golpeado con más fuerza, como Zárate, Las Rehoyas o Arguineguín.
Según los datos de renta por fuente de ingresos recopilados en un mapa interactivo publicado en octubre de 2019 por elDiario.es, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Arguineguín se encuentra entre el 26% de los barrios más empobrecidos de la Comunidad Autónoma. Puerto Rico, que concentra buena parte de los hoteles del sur de la isla y donde se alojó a buena parte de los migrantes que llegaron en 2020, también figura entre los lugares con más pobreza de Canarias. Lo mismo sucede en los territorios capitalinos donde brotó el racismo.
Estos contextos socioeconómicos difieren de los de La Laguna. En este mismo mapa, la mayoría de los barrios del municipio tinerfeño están incluidos entre los más ricos de la región. La renta media registrada en la circunscripción varía entre 21.000 euros y los 61.500 en zonas como Las Mercedes.
En la actualidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife se ha desarrollado un importante movimiento social de apoyo a las personas migrantes, con labores no solo de reparto de ropa y comida, sino también de acompañamiento, acogida y asistencia jurídica y sanitaria.
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