El Colegio de Abogados de Las Palmas ha acordado este viernes declarar persona non grata al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos (PSOE), “por proponer para su aprobación por el Gobierno del Estado el Real Decreto-ley 16/2020” por el que se dictan medidas procesales y organizativas para hacer frente a los efectos de la pandemia en la Administración de Justicia“. Ese decreto declara hábil a todos los efectos el mes de agosto, en el que tradicionalmente se suspenden los plazos procesales ante los juzgados y tribunales.
El colectivo profesional también adoptó en su junta directiva, celebrada el Primero de Mayo, Día del Trabajo, elevar una queja al Defensor del Pueblo para que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la medida porque supone “un grave quebranto y desconocimiento de los derechos de la Abogacía al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas, que según el artículo 40.2 de la Constitución, deberán fomentar las políticas de los poderes públicos”.
Los abogados de Las Palmas consideran “un evidente menoscabo del derecho de nuestro colectivo a la conciliación de la vida familiar y profesional, que protegen los artículos 14, 39, 40 y concordantes de la Constitución Española y el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de Igualdad; una discriminación y desigualdad de trato ante situaciones idénticas, en contra del principio de igualdad ante la Ley que garantiza el artículo 14 de la Constitución Española”.
El Colegio de Abogados de Las Palmas ha acordado también celebrar una consulta, “previa la adecuada campaña de difusión”, para preguntar a sus colegiados y colegiadas si consideran “adecuada y procedente” la convocatoria de una huelga de para los días 11 al 31 de agosto. La última consulta al colectivo se celebró el pasado mes de enero y se saldó con una derrota a la propuesta de cambiar su nombre por otro más inclusivo: Colegio de la Abogacía.
La declaración de persona non grata dirigida al ministro de Justicia la justifica el Colegio de Abogados en el “grave quebranto de los derechos de la Abogacía al descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas, un impedimento efectivo para la conciliación de la vida personal y profesional de nuestro colectivo, y una discriminación y desigualdad de trato ante situaciones idénticas, respecto a los operadores jurídicos públicos; desconsiderando sin motivos admisibles las peticiones que en tal sentido se le han hecho llegar en reiteradas ocasiones”.
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