El Consejo de Ministros ha rechazado este martes conceder un indulto al exjuez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial por manipular una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell cuando esta era diputada de Podemos en el Congreso.
Fuentes del Ejecutivo han informado a EFE de la denegación del indulto, al que se oponían todos los informes preceptivos solicitados. El órgano sentenciador, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya había recalcado que los delitos por los que fue condenado Alba son los más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones, como miembro de “uno de los tres poderes del Estado” y que el reo no había mostrado signo alguno de arrepentimiento.
La propuesta del Ministerio de Justicia también era desfavorable a la concesión de esta medida de gracia.
Tras frenar durante meses su entrada en prisión con diversos recursos, el exjuez ingresó finalmente en el centro penitenciario de Las Palmas I el pasado 18 de octubre para cumplir la condena. En pasado mes de marzo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le había retirado ya la condición de magistrado.
“Mi mayor logro es este: no habrá más víctimas. Denunciar la corrupción, incluso en la propia carrera judicial, es durísimo. Pero por esto ha merecido la pena”, manifestó entonces Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró probado que, cuando Alba sustituyó a Rosell en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, ofreció ventajas procesales a un empresario procesado por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social (el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez) si declaraba una serie de cuestiones que permitieran acusar a la entonces diputada de Podemos de haber retrasado una causa judicial por intereses personales.
Además, vio acreditado que Alba incluyó datos falsos en los informes sobre Rosell que envió al Tribunal Supremo y que contribuyeron a que su Sala de lo Penal abriera diligencias contra ella en vísperas de las elecciones generales de 2016. Rosell renunció a presentarse de nuevo al Congreso, aunque luego fue absuelta de todos los cargos.
El indulto a Alba lo había solicitado en marzo la esposa del reo, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, alegando entre otras cosas que el exjuez corrupto no había sido sancionado por el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente lo expulsaba de la carrera ese mismo mes en cumplimiento de la condena a 18 años de inhabilitación incluida en la sentencia. Lorenzo solicitó al Ministerio de Justicia una reducción de la condena para evitar el ingreso en prisión de su marido, al tiempo que este, a través de su abogado, Nicolás González-Cuéllar, pedía que se suspendiera el ingreso en prisión hasta que se resolviera la petición de indulto. La justicia le ha denegado esa petición, al igual que la de aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo.
Alba fue condenado en firme por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021 y entró en la cárcel el pasado 18 de octubre, horas después de que la Sala de lo Penal del tribunal canario dictara contra él una orden de busca y captura por no haberse presentado de forma voluntaria en una prisión transcurrido el plazo de 24 horas que ese mismo órgano judicial le había concedido cuatro días antes. La defensa del exjuez corrupto logró dilatar la ejecución de la condena once meses con una batería de artimañas y recursos. Hace dos semanas fue trasladado vía Tenerife a la cárcel de Estremera, en Madrid, pendiente de que Instituciones Penitenciarias resuelva su petición de cumplir su condena en la cárcel Sevilla 1, ciudad en la que tiene familiares cercanos.