La sentencia deja en mínimos el caso Astapa 17 años después: sin penas de cárcel efectivas y 31 absueltos

El caso Astapa ha consumado este viernes su reducción a algo varios órdenes de magnitud por debajo de lo que un día se pensó. Ninguno de los 15 condenados de un caso que llegó a sumar 103 investigados pisará la cárcel y las multas, en total, a duras penas alcanzan los cuatro millones de euros. Hay 31 absueltos. Antonio Barrientos, por entonces alcalde de Estepona (PSOE) ha sido condenado a cinco meses de suspensión de empleo o cargo público y multa de 40.000 euros por un delito continuado de cohecho pasivo.

Más de 16 años después de que la Policía irrumpiera en el ayuntamiento siguiendo la pista de lo que se suponía una trama de corrupción urbanística similar al escándalo que ya azotaba la Marbella de Jesús Gil, ha quedado zanjado (a salvo de posibles recursos) con la lectura del fallo. Habrá que esperar unos días para conocer el detalle de la sentencia, que tiene más de 3.000 folios, pero por el camino se han quedado las acusaciones de financiación irregular de partidos políticos, de organización criminal, de prevaricación o malversación.

“Ha quedado patente que esto ha sido una aberración y atrocidad”, algo “indecente”, ha comentado Barrientos a la salida. La condena apenas es una fracción de a la que un día se enfrentó, pero ha explicado que no está contento porque ha sido condenado, y que recurrirá. “La primera impresión de la condena es que no hay nada de lo que se denunció”, ha dicho, arremetiendo también contra la Fiscalía. Han sido absueltos la mayoría de los empresarios que suscribían los convenios urbanísticos y los técnicos que valoraban esos convenios.

En declaraciones a este medio, insiste en que su condena es por recibir algún “regalo (que ya veremos en la sentencia a qué se refiere) por ser yo alcalde, no por ninguna actuación concreta”. Barrientos siempre defendió su inocencia, convocando ruedas de prensa, mostrándose a los medios y haciendo uso de su derecho a la última palabra. Pasó seis meses en prisión, y finalmente no ha sido condenado a pena de cárcel. Su escasa condena (inhabilitación y multa), dice ahora, es una forma de justificar 17 años de investigación y juicio con el foco puesto en él. “Me querían mandar al paredón, y alguna colleja me tenía que llevar. Se tenía que justificar de alguna manera este atropello”. “Pude meter la pata, pero jamás metí la mano”, resume el exregidor.

Condenas menores

La lectura en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado lo que ya se intuía: en estos do años no se ha probado que la trama de corrupción en torno al ayuntamiento de Estepona fuese de la magnitud que inicialmente se le suponía, y que el fiscal también avistó en su escrito de acusación, de 2018. Además, los retrasos lo han desinflado aún más. El tribunal lleva un año y diez meses juzgando este asunto tras 15 años de instrucción, y ha aplicado a todos los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas.

Apenas ocho de los 37 han sido condenados a penas de prisión, de un mes y quince días en la mayoría de casos. A seis se les sustituirá por una multa. Los que reciben la mayor pena, José Ignacio Crespo y Juan Jesús López, son condenados a seis y cinco meses de prisión, pena que, al ser inferior a dos años y medio, será suspendida con total probabilidad.

El pasado julio, cuando quedó visto para sentencia, todos los acusados vieron cómo el fiscal reducía drásticamente sus peticiones de condena tras más de un año en el banquillo de los acusados. Al principio, Fiscalía pedía 205 años de prisión y el abono de 184 millones de euros de fianza entre todos los acusados en su escrito de acusación, firmado en 2018. Al llegar el juicio, solicitaba más de dos años y medio de cárcel, el límite por debajo del cual se suele suspender la pena, para 33 acusados. Cuando terminó, sólo mantenía ese listón para dos. Y la sentencia lo ha dejado en cero.

Tampoco las multas resisten la comparación con las cifras que llegaron a manejarse. Hay cinco condenas que incluyen un pago de 728.789,84 euros, a tanto alzado, pero la mayoría son condenados a pagar 450 euros.

Un juicio marcado por la sombra de Villarejo en el origen del caso

Han pasado 17 años desde que la UDEF empezó a investigar las sospechas de corrupción urbanística en Estepona, municipio vecino de Marbella, y más de 16 desde que agentes de la Policía irrumpieron en el ayuntamiento con una orden judicial y se llevaron papeles y decenas de detenidos, entre ellos el entonces alcalde, Antonio Barrientos. Antes de conocer el fallo, el exregidor ha calificado el proceso de “inhumano” y un “calvario” para él y su familia. “Una justicia que funciona con estos parámetros deja de ser justicia. ¿Quién nos devuelve el tiempo pasado?”.

El caso Astapa, al que en su fase inicial se comparaba con Malaya por el número de encausados (más de un centenar), el dinero supuestamente desviado (la Fiscalía llegó a pedir 284 millones de euros de fianza en su primer escrito de acusación) y el volumen documental (351.114 folios en 774 tomos -128 principales y 646 piezas documentales-), se ha ido desinflando con el paso de los años y, particularmente, desde que comenzó el juicio, en enero de 2023.

Para el 29 de julio, cuando quedó visto para sentencia, la Fiscalía había acotado su acusación a 37 personas del medio centenar al que empezó acusando hace casi dos años. Las penas que pedía también se habían reducido drásticamente para todos ellos. Sólo dos se enfrentaban a más de dos años y medio de prisión, el límite bajo el cual los tribunales suelen suspender la pena si no hay antecedentes. Para Barrientos pedía dos años de prisión y 40.000 euros de multa. Al principio del juicio pedía diez años y nueve meses y un millón de multa, además de 28 millones en concepto de responsabilidad civil. Ya sin responsabilidad civil, porque el ayuntamiento de Estepona se retiró del proceso al empezar el juicio.

La supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo distorsionó el juicio, por momentos enfocado en su figura (pese a no ser acusado) y acabó rebajando la expectativa de condena desde primera hora, cuando los magistrados anularon las escuchas cuestionando el origen de la causa. Las dudas estaban en el informe sobre los convenios que constituían el núcleo de Astapa, de los que se descubrió que eran unos meros “papeles” sin autor conocido, firma ni fecha. Un documento que no contenía ningún indicio “mínimamente serio” y que sirvió para lanzar el caso como soporte de una denuncia interpuesta ante la UDEF de Madrid, dirigida por José Luis Olivera, al que se ha vinculado con Villarejo.

Una vez estalló la operación, el polémico comisario, con intereses urbanísticos en Estepona, consiguió colocar al frente de Urbanismo a una persona de su confianza, a la que daba instrucciones que quedaron reflejadas en sus grabaciones y su agenda. 

Muchos años después, hay sentencia sobre el caso que puso Estepona en el mapa de la presunta corrupción urbanística.